Si bien se especulaba con que sería un trámite exprés, la modificación a la ley de Glaciares tendrá un debate más extenso y su aprobación en el recinto seria recién en abril.
El Gobierno de Javier Milei había incluido el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias pero no hubo tiempo de que se debatiera en las dos cámaras.
La norma solo pasó por el Senado y tuvo media sanción al filo de que concluya ese período pero no se pudo debatir en la Cámara de Diputados porque se privilegió la aprobación de la ley de modernización laboral.
La idea original del oficialismo era dictaminar el miércoles 11 y llevar el proyecto al recinto el jueves 12. Pero el oficialismo cedió ante los planteos opositores y no avanzará en un debate exprés de la reforma sino que buscará ampliar el tratamiento con la participación de especialistas y asociaciones.
El planteo fue impulsado por la Coalición Cívica y Provincias Unidas, con una nota encabezada por Maximiliano Ferraro y acompañada por Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.
El objetivo de la oposición fue evitar que se replique la metodología de tratamiento implementado en el Senado de la Nación, en donde hubo sólo dos reuniones de comisiones: una de los gobernadores de las provincias mineras el 17 de diciembre y otros de las empresas junto a ambientalistas el 18 de diciembre. Luego de eso, se dictaminó el proyecto hasta su votación en el recinto, el pasado 26 de febrero.
La decisión de dilatar el trámite fue adoptada hoy en la primer reunión plenaria del período ordinario de sesiones que arranco el 1 de marzo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos naturales de la Cámara de Diputados.
Allí se resolvió llevar a cabo la audiencia forma presencial el 25 de marzo y, vía remota, el 26 para “garantizar el federalismo”. El horario será de 10 a 19 con la flexibilidad de extender el horario si así lo requiere. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen del proyecto.
La reunión se realizó en la Sala 1 del Anexo “A” tras el reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Esto llevó a un reordenamiento en el cronograma del tratamiento.
Los cambios en la norma son de suma relevancia para los planes del Gobierno de Milei de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y despiertan preocupación en organizaciones ambientalistas.
Según trascendió, el Poder Ejecutivo busca que el presidente Milei y la comitiva que lo acompañará al “Argentina Week 2026” -evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo- puedan mostrar la media sanción del Senado para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino
Qué dice la ley sancionada en el Senado
La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos.
La iniciativa redefine el concepto de glaciar y ambiente periglaciar, delega en las provincias la “utilización racional de los recursos naturales” y habilita que registren zonas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de «estratégica» la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un «glaciar o geoforma periglacial» según lo contemplen, incluyendo «una instancia de participación ciudadana».
Esta potestad provincial, que se impondría por sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se ratificó con las dos reformas de último momento que incorporó el Senado antes de sancionar el proyecto con 40 a favor y 31 en contra.
En estas reformas, se removió la posibilidad de que la Cancillería intervenga en caso de zonas fronterizas y se eliminó la autoridad de un Comité de Cuenca de fiscalizar cuencas interjurisdiccionales en caso de potencial impacto ambiental.
La norma original prohibía la liberación de sustancias contaminantes y la explotación minera o hidrocarburífera en áreas protegidas. Con la reforma, este esquema se desplaza hacia un «régimen de habilitación extractiva». Ahora, las actividades antes vedadas podrán realizarse bajo un sistema de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) gestionado por las propias provincias y empresas.
Advertencias de los ambientalistas
El planteo opositor coincide con el reclamo de organizaciones nucleadas en el Colectivo Argentino por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).
Las asociaciones señalaron en su “Análisis crítico del Proyecto de Reforma a la Ley de Glaciares” que esto degrada la prevención ambiental a un mero trámite administrativo, limitando la participación ciudadana vinculante y vulnerando el principio precautorio de la Ley General del Ambiente.
Tras la media sanción del proyecto que modifica la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en la Cámara de Senadores el pasado jueves 26 de febrero, diversas organizaciones ambientales solicitaron a los diputados y diputadas de la Honorable Cámara de Diputados la apertura de un proceso participativo, abierto, inclusivo y federal que contemple la convocatoria a una audiencia pública.
La solicitud fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.
Las organizaciones remarcaron que la discusión sobre la protección de los glaciares “no es un debate técnico restringido a especialistas, sino una decisión que impacta directamente en el acceso al agua, la producción y la vida de millones de personas en todo el país, por lo que debe garantizarse el derecho de la ciudadanía a informarse, opinar y ser escuchada”.
Las organizaciones expresaron preocupación ante la posibilidad de que el proyecto avance con un trámite acelerado, como ocurrió en el Senado, y que la audiencia pública se reduzca a una instancia meramente formal. Señalan que una participación con plazos acotados o limitada en su alcance desvirtúa su objetivo: garantizar que la ciudadanía pueda informarse y expresarse de manera efectiva en decisiones ambientales de alto impacto.
La Ley de Glaciares es una norma de ordenamiento ambiental del territorio. Esto significa que establece límites y reglas para proteger a estos ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce y reguladores del clima. Por su naturaleza, cualquier modificación debe respetar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación argentina y en los compromisos internacionales asumidos por el país.