La implementación de nuevos sistemas de monitoreo de buques en situación de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina permitió al Gobierno nacional aplicar sanciones por una cifra récord. En lo que va del año, la recaudación por multas a embarcaciones extranjeras supera los $4.500 millones, gracias a un sistema de fiscalización que permite detectar infracciones sin necesidad de interceptar físicamente a los barcos.
El avance tecnológico representa un cambio significativo en el control del Mar Argentino. La evidencia electrónica recopilada a través del monitoreo satelital se consolidó como prueba suficiente para iniciar y resolver expedientes administrativos, reduciendo la necesidad de desplegar patrulleros para perseguir o abordar embarcaciones en el Atlántico Sur.
Sin embargo, el récord de recaudación expone también una limitación: pagar la multa no necesariamente impide que los barcos vuelvan a pescar. Para las compañías que operan estas embarcaciones, las sanciones económicas pueden terminar incorporándose como un costo más dentro de la ecuación de sus campañas pesqueras.
La disposición 20/2026 se convirtió en una herramienta central para aplicar este mecanismo. La norma estableció parámetros objetivos para diferenciar la navegación de las maniobras compatibles con la actividad pesquera y reducir los grises legales que históricamente dificultaban la sanción de las infracciones.
Según los criterios establecidos, un buque extranjero puede ser considerado en infracción cuando navega a menos de seis nudos y realiza giros o trayectorias compatibles con tareas de arrastre. En el caso de los poteros dedicados a la captura de calamar, la infracción se configura cuando se registran velocidades inferiores a dos nudos durante media hora continua dentro de la jurisdicción argentina.
Cómo funciona el monitoreo de pesca ilegal en aguas argentinas
Una vez detectada una posible infracción, Prefectura Naval Argentina (PNA) reúne la información obtenida mediante el Sistema Guardacostas y la remite a la autoridad pesquera para avanzar con la sanción correspondiente.
Este procedimiento permitió sancionar durante este año a embarcaciones como el Bao Feng, el Bao Win y el Hai Xing 2, todos de origen chino, además del Coimbra, de Portugal.
El caso del Hai Xing 2 muestra hasta dónde puede llegar el monitoreo a distancia. La embarcación fue detectada frente al Golfo San Jorge mientras realizaba maniobras de arrastre a una velocidad promedio de 4,3 nudos y recorría casi media milla dentro de aguas nacionales.
La reconstrucción digital de su recorrido, rumbo y velocidad permitió iniciar el sumario administrativo sin enviar unidades de superficie para interceptarlo. La confirmación de la infracción derivó en una medida adicional: el Registro Internacional de Buques de Vanuatu, donde figuraba matriculado, le retiró la matrícula.
Pero la medida tampoco consiguió sacar al barco de circulación. Gracias a la flexibilidad de los llamados registros de conveniencia, el Hai Xing 2 cambió de bandera y pasó a figurar matriculado en Tanzania, aunque mantuvo el mismo número IMO de casco, un identificador que permite a las autoridades seguir su trayectoria.
Los recursos obtenidos mediante estas penalizaciones tienen como destino el Fondo Nacional Pesquero. Según la Ley Federal de Pesca, hasta un 25% puede ser destinado a investigación científica a través del INIDEP, mientras que un 20% se asigna al equipamiento, patrullaje y control operacional de las fuerzas de seguridad.
Cuánto aumentó la pesca ilegal de buques chinos y europeos
El problema aparece con mayor claridad cuando se observa qué sucede después de pagar las multas. Tanto el Bao Feng como el Bao Win quedaron habilitados para retomar sus operaciones a partir de la milla 201 una vez cubierta la penalización impuesta por las autoridades argentinas.
La situación responde a un límite jurídico: fuera de las 200 millas, en aguas internacionales, Argentina no tiene potestad para incautar las embarcaciones ni impedirles la libre navegación. De esta manera, una multa millonaria puede representar un golpe económico, pero no necesariamente una barrera efectiva para impedir que los buques continúen con su actividad.
El fenómeno tampoco se limita a casos aislados. En los últimos años, las flotas de origen chino y europeo incrementaron un 85% la intensidad de la pesca en el borde exterior del Mar Argentino, elevando la presión sobre uno de los principales recursos pesqueros de la región.
A esto se suma la expansión de capitales chinos dentro de la propia industria pesquera argentina. Los conglomerados asiáticos adquirieron participación en empresas nacionales y ya controlan el 63% de la flota potera que opera legalmente bajo bandera argentina para la captura del calamar.
El resultado es un escenario en el que las mismas estructuras empresariales pueden tener presencia tanto en la explotación del recurso dentro de la jurisdicción argentina como en las operaciones que se desarrollan en aguas internacionales.
Así, el sistema de monitoreo logró algo que durante años fue difícil de conseguir: detectar infracciones a distancia, generar evidencia y transformar esos registros en sanciones concretas. El problema es que la efectividad de una multa no se mide solamente por cuánto dinero logra recaudar el Estado, sino también por su capacidad para modificar la conducta de quienes infringen la normativa.
Y, por ahora, el récord de $4.500 millones recaudados convive con una flota extranjera que continúa operando en el límite del Mar Argentino.