La Justicia Federal de Concepción del Uruguay dispuso una nueva medida en la causa que analiza el posible impacto ambiental de la futura planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, Uruguay. El objetivo es avanzar en la evaluación de una eventual contaminación del río Uruguay, en el marco de una acción preventiva de daños ambientales impulsada por legisladores nacionales del peronismo entrerriano.
El juez federal Hernán Viri, quien subroga el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, ordenó la realización de un reconocimiento judicial para el próximo 21 de agosto a las 10, con la intervención de la perito bióloga designada y la colaboración de la Prefectura Naval.
La decisión judicial responde a la demanda presentada por dirigentes entrerrianos, quienes solicitan determinar si la instalación de la planta podría generar consecuencias ambientales sobre el curso de agua compartido entre Argentina y Uruguay.
La resolución firmada este viernes establece: “En atención a lo peticionado y habiendo aceptado el cargo conferido la perito bióloga Viviana Beatriz Couste, fíjese fecha a los fines de efectuar el reconocimiento judicial ordenado el 10 de abril, para el viernes 21 de agosto a las 10 horas”.
La Justicia inspeccionará la planta de HIF Global en Paysandú
El reconocimiento judicial constituye uno de los pasos más relevantes dentro del expediente, ya que permitirá a la perito designada relevar el área donde se proyecta instalar la planta y elaborar elementos técnicos que puedan incorporarse a la causa.
La acción judicial fue presentada como una medida preventiva en materia ambiental y busca establecer si el emprendimiento representa un riesgo para el ecosistema del río Uruguay antes de que avance su construcción.
La inspección contará además con el apoyo operativo de la Prefectura Naval, que colaborará durante el procedimiento ordenado por el magistrado.
Crecen los cuestionamientos por el impacto ambiental en el río Uruguay
Tras conocerse la resolución, uno de los impulsores de la demanda, el diputado nacional Guillermo Michel, sostuvo que la intervención judicial representa el camino adecuado para resolver el conflicto.
“Cuando se inició este conflicto planteamos que la salida era aplicando la ley y la justicia está actuando”, afirmó.
El legislador también cuestionó la falta de respuestas de las autoridades frente a las preocupaciones planteadas por distintos sectores de la región.
“La inacción del gobierno genera incertidumbre en las comunidades de la región que ya están viendo afectada la actividad turística por la futura instalación de la planta”, expresó.
Con la inspección prevista para el 21 de agosto, la causa suma un nuevo paso en la evaluación del posible impacto ambiental del proyecto, mientras continúa el debate sobre los controles y las garantías para preservar el río Uruguay y las actividades económicas vinculadas a su entorno.