La expansión de la actividad pesquera argentina convive con una problemática que amenaza la sustentabilidad de sus propios recursos. Un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) registró el descarte de 92.336 toneladas de merluza común, ejemplares que fueron capturados por redes de arrastre y posteriormente arrojados al mar. La cifra vuelve a poner en discusión el descarte de pescado en la industria pesquera y la falta de controles efectivos sobre una práctica que genera pérdidas de alimento y presión adicional sobre los ecosistemas marinos.
Según el colectivo ambiental Sin Azul No Hay Verde, el volumen registrado representa peces muertos, tanto juveniles como adultos, que terminan fuera de las cadenas de aprovechamiento después de quedar atrapados durante las operaciones de pesca.
Para dimensionar la magnitud del problema, la organización sostiene que esa cantidad de pescado alcanzaría para proporcionar una ración diaria a los 46 millones de habitantes de Argentina durante casi nueve días consecutivos.
El volumen también puede medirse en términos logísticos. “El espacio físico que ocupa esta masa de merluza descartada resulta igual de abrumador. Mover todo ese alimento tirado al mar exigiría movilizar una flota de 3.333 camiones semirremolque trabajando a su capacidad máxima de treinta toneladas”, subrayan desde Sin Azul No Hay Verde.
La organización agrega que, si esos vehículos se estacionaran uno detrás de otro sobre la Ruta Nacional 3, formarían una fila de casi 70 kilómetros, equivalente a la distancia entre Trelew y Puerto Madryn.
El problema no se limita al desperdicio de un recurso alimentario. El descarte de ejemplares juveniles y adultos también afecta la capacidad de renovación de las poblaciones de merluza y profundiza la presión sobre una especie de importancia económica y ambiental para el país.
La sobreexplotación de la merluza agrava la crisis pesquera argentina
El diagnóstico del INIDEP también advierte sobre el deterioro de la situación biológica de la merluza común en distintas áreas del mar argentino.
En el sector norte, los investigadores señalan que la biomasa reproductiva permanece por debajo del límite de seguridad de 150.000 toneladas. Esta situación refleja un escenario de sobreexplotación que compromete la recuperación de la especie.
Desde Sin Azul No Hay Verde alertaron sobre la gravedad del panorama: “Esta zona atraviesa un colapso histórico marcado por una disminución del 82 por ciento en las capturas declaradas durante las últimas tres décadas y una alarmante escasez de juveniles”.
En paralelo, el descarte dentro de la pesquería de merluza del sector sur también mostró un incremento. Según los datos citados, aumentó un 12,7% durante el último período evaluado.
Para las organizaciones ambientales, esta conducta responde a un modelo de explotación que prioriza la rentabilidad inmediata y la eficiencia operativa por encima de la conservación de los recursos pesqueros.
El escenario resulta especialmente contradictorio si se considera el desempeño económico reciente de la actividad. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero del INDEC, el sector acumuló un crecimiento del 24% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.
Además, durante los primeros siete meses del año se registraron 584.928 toneladas de capturas, impulsadas por el rendimiento de la merluza hubbsi, el langostino y los resultados récord del calamar.
El crecimiento productivo, sin embargo, no necesariamente se traduce en una explotación sustentable. El volumen de capturas y los resultados económicos del sector conviven con niveles de descarte que ponen en riesgo la disponibilidad futura de los recursos.
Chile utiliza cámaras obligatorias para controlar el descarte pesquero
Frente a las dificultades para fiscalizar las operaciones de la flota argentina, las organizaciones ambientales señalan la experiencia de Chile como una alternativa para mejorar los controles.
La legislación chilena obliga a las embarcaciones pesqueras industriales y a las naves artesanales de más de 15 metros a registrar sus operaciones mediante cámaras a bordo. Los dispositivos documentan de manera continua las faenas, desde el momento en que las redes ingresan al agua, y permiten que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura revise posteriormente las imágenes.
El sistema busca detectar irregularidades en las capturas y comprobar si existen descartes ilegales de especies o ejemplares que deberían declararse.
Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso del buque factoría Unzen, una embarcación de casi 92 metros controlada por una multinacional japonesa. A partir de la revisión de las grabaciones obligatorias, las autoridades chilenas detectaron que el barco desviaba sistemáticamente hacia la cinta de descarte y la planta de harina de pescado miles de kilos de merluza capturada en aguas patagónicas.
El procedimiento derivó en una sanción económica superior a los 300.000 dólares. Durante los últimos cinco años, el organismo de control chileno también abrió decenas de expedientes y recaudó más de un millón de dólares en multas por descarte ilegal, con sanciones a embarcaciones de arrastre y cerco.
Los fallos judiciales en ese país también establecieron límites a las justificaciones comerciales utilizadas por las empresas para explicar el descarte de ejemplares. Según las organizaciones ambientales, la Corte Suprema rechazó argumentos vinculados con daños en los peces, su tamaño o su valor de mercado.
Para Sin Azul No Hay Verde, el sistema de monitoreo audiovisual representa una herramienta concreta para reducir la falta de transparencia en las operaciones pesqueras y mejorar la capacidad de fiscalización del Estado.
“Frenar este nivel de daño ambiental exige decisiones políticas firmes e incorporar de manera urgente tecnología de monitoreo irrefutable –demandan–. Obligar a la flota comercial a documentar sus capturas con cámaras a bordo asoma como la única herramienta capaz de terminar de una vez por todas con el secreto corporativo y garantizar la supervivencia de los ecosistemas marinos nacionales”.