La falta de controles sobre la disposición de residuos volvió a quedar bajo la lupa en Entre Ríos. El Gobierno provincial ordenó suspender el funcionamiento de un basural a cielo abierto en Oro Verde y abrió un sumario administrativo contra el municipio por operar un predio que no estaba declarado ni contaba con autorización ambiental. La medida expone nuevas irregularidades en la gestión de residuos sólidos urbanos y advierte sobre los riesgos de contaminación del suelo y los recursos hídricos.
La decisión fue adoptada por la Secretaría de Ambiente mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial. La disposición establece la suspensión inmediata del ingreso y egreso de camiones con residuos hasta que se regularice la situación ambiental del predio y finalice el procedimiento administrativo.
Las irregularidades fueron detectadas durante una inspección realizada el 16 de junio de 2026. Según el informe técnico incorporado al expediente, los inspectores encontraron residuos de poda, escombros y materiales voluminosos mezclados con basura domiciliaria. También registraron neumáticos fuera de uso, chatarra, envases de pintura y personas que realizaban tareas informales de recolección.
Durante el operativo se constató que camiones municipales descargaban residuos en el lugar, que funcionaba sin las autorizaciones ambientales correspondientes. El predio se encuentra a unos cuatro kilómetros de la Municipalidad y aproximadamente a 1.500 metros de zonas pobladas, al oeste de la ciudad, sobre un camino que continúa al finalizar la avenida Los Chañares.
Otro de los puntos que generó preocupación fue la presencia de sectores con agua acumulada y residuos, en áreas que presentarían características de antiguas excavaciones para la extracción de arena. A esto se sumó la existencia de dos lagunas con líquido en su interior, presumiblemente cloacal, sin que se acreditaran condiciones adecuadas de tratamiento o aislamiento.
Las irregularidades ambientales detectadas en el basural de Oro Verde
La intervención provincial no se limitó a las condiciones observadas durante la inspección. Según las actuaciones administrativas, la Secretaría de Ambiente elaboró un informe técnico y notificó al municipio el 24 de julio de 2026. En esa oportunidad, le otorgó un plazo de diez días para responder los requerimientos y presentar la documentación correspondiente.
Sin embargo, la Municipalidad de Oro Verde no presentó ninguna respuesta dentro del período establecido. Frente a esa falta de respuesta, la Provincia consideró que existía un “incumplimiento grave y continuado de la normativa ambiental” y advirtió sobre los posibles efectos de la actividad sobre los recursos hídricos subterráneos, el suelo y la salud de los vecinos.
La resolución encuadra las irregularidades en la Ley provincial 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y su decreto reglamentario, además de otras disposiciones ambientales nacionales y provinciales.
El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los gobiernos locales en el tratamiento y la disposición final de los residuos. La acumulación de basura sin controles, la mezcla de materiales de distinta procedencia y la falta de infraestructura adecuada pueden generar impactos ambientales que exceden los límites del predio donde se producen.
Qué sanciones puede recibir el municipio de Oro Verde
Además de suspender el ingreso de residuos, la Secretaría de Ambiente dispuso la apertura de un sumario administrativo contra la Municipalidad. A partir de la notificación, el gobierno local cuenta con diez días hábiles administrativos para presentar un descargo por escrito y ofrecer pruebas.
El procedimiento puede derivar en distintas sanciones previstas por la legislación provincial, entre ellas multas económicas, clausura de las instalaciones o el cese definitivo de las actividades.
La resolución también establece que, si el municipio desobedece la suspensión y continúa ingresando o descargando residuos, la Provincia podrá solicitar la intervención de la fuerza pública y formular las denuncias penales correspondientes.
La medida fue firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, y tiene carácter preventivo y transitorio. Por el momento, no se aplicó una multa económica ni se dispuso la clausura definitiva del predio.