En una decisión sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que los Estados están jurídicamente obligados a tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
El dictamen, emitido este miércoles por unanimidad, establece que incumplir con esas obligaciones puede constituir “un acto internacionalmente ilícito” y dar lugar a reparaciones para los países afectados.
La opinión consultiva -que no es vinculante pero tiene fuerte peso legal y político- fue solicitada por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023. En ella, la CIJ afirma que los tratados internacionales sobre cambio climático, como el Acuerdo de París, imponen a los Estados obligaciones vinculantes “de prevenir daños significativos” al medioambiente.
“Los Estados deben utilizar todos los medios a su alcance para evitar que actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control causen tales daños”, leyó el juez presidente, Iwasawa Yuji. Y agregó: “El sistema climático debe ser protegido para las generaciones presentes y futuras”.
Qué obliga el fallo de la Corte
Según el fallo, los países firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -entre ellos, Estados Unidos, China y la Unión Europea- tienen la “obligación de adoptar medidas” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano y fomentar la adaptación climática.
La Corte advierte que, si un Estado incumple cualquiera de esas obligaciones, incurre en un acto ilícito que puede implicar su responsabilidad legal. Entre las posibles consecuencias, el tribunal menciona el cese de la acción u omisión, garantías de no repetición y reparaciones al país perjudicado, que pueden incluir restitución, compensación o satisfacción, dependiendo de cada caso.
Eso sí, toda reclamación deberá demostrar una “relación causal clara y directa” entre el incumplimiento y el daño ambiental, en línea con el derecho internacional.
Derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible
En uno de los pasajes más destacados, la CIJ reconoce el “derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible”, el cual considera “inherente al ejercicio de otros derechos fundamentales”, como el acceso a la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda.
“El cambio climático representa una amenaza urgente y existencial”, subrayó el tribunal, al remarcar que sus consecuencias afectan tanto a los ecosistemas como a las poblaciones humanas, sin respetar fronteras.
La consulta fue impulsada por Vanuatu, una nación insular del Pacífico vulnerable al aumento del nivel del mar, y apoyada por más de un centenar de países. La ONU pidió a la Corte que respondiera sobre las obligaciones legales de los Estados para proteger el sistema climático y el medioambiente, y sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento.
Durante una semana de audiencias celebradas en diciembre de 2023, más de 100 países y organizaciones internacionales expusieron sus argumentos, muchos de ellos centrados en el vínculo entre cambio climático y derechos humanos, y en la responsabilidad histórica de los principales emisores de gases contaminantes.
Con este dictamen, la Corte sienta un importante precedente jurídico y político en la lucha global contra el cambio climático, al reforzar la idea de que proteger el planeta no es solo una aspiración ética, sino una obligación legal.