Argentina busca subirse a uno de los negocios ambientales más dinámicos del mundo. La senadora Flavia Royón presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio del mercado voluntario de carbono, con el objetivo de atraer inversiones vinculadas a la transición energética y convertir la sustentabilidad en una fuente de divisas.
La iniciativa apunta a establecer reglas claras para el funcionamiento de los créditos de carbono, un sistema que permite certificar la reducción o captura de gases contaminantes y comercializar esos certificados en mercados internacionales. De esta manera, empresas, productores y desarrolladores que implementen proyectos sustentables podrían obtener ingresos adicionales vendiendo esos créditos a compañías globales que buscan compensar su huella ambiental.
En el sector energético y productivo consideran que el desarrollo de este mercado representa una oportunidad estratégica para Argentina, especialmente en un contexto global atravesado por la descarbonización y la demanda creciente de financiamiento verde.
Según estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería, el país podría generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono por año, lo que equivaldría a ingresos de entre u$s1.400 y u$s3.900 millones anuales en exportaciones.
Qué son los mercados de carbono y cómo funcionan
Los mercados de carbono funcionan como un sistema de incentivos económicos orientado a reducir emisiones contaminantes. Cuando una empresa o proyecto logra disminuir gases de efecto invernadero o capturar carbono mediante tecnologías limpias, energías renovables, forestación o conservación ambiental, recibe créditos que luego pueden venderse en mercados internacionales.
La lógica detrás de este esquema es premiar económicamente las mejoras ambientales y canalizar inversiones hacia proyectos sustentables. A nivel global, este sistema ya opera en distintos países y viene creciendo de la mano de los compromisos climáticos asumidos por gobiernos y grandes corporaciones.
Desde la Mesa Argentina de Carbono advierten que Argentina viene rezagada en comparación con otros países de la región. Mientras América Latina logró consolidarse como la segunda región proveedora de reducciones de emisiones del mundo -con fuerte presencia de Brasil y Colombia-, el país representa menos del 1% del mercado global.
El proyecto de Royón busca revertir esa situación mediante un marco jurídico estable y transparente que permita captar capitales internacionales interesados en financiar proyectos de transición energética, eficiencia industrial, agro sustentable, manejo forestal y gestión de residuos.
Registro nacional, beneficios fiscales y transición energética
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública y obligatoria destinada a centralizar todos los proyectos aprobados y evitar la doble contabilización de créditos ambientales.
El objetivo es garantizar transparencia y brindar seguridad a los compradores internacionales, certificando que cada tonelada de carbono reducida corresponda a un único proyecto verificable.
La propuesta también contempla beneficios económicos para incentivar inversiones verdes. Entre ellos aparecen exenciones impositivas temporales y estabilidad fiscal por quince años para quienes desarrollen proyectos vinculados a energías limpias, conservación ambiental y producción sostenible.
Otro de los principios incluidos en el texto es el de “adicionalidad”, que establece que solo podrán emitirse créditos cuando las reducciones de emisiones superen lo exigido por la legislación vigente. Además, se incorpora el criterio de “permanencia”, especialmente relevante para proyectos forestales y de conservación, con el fin de garantizar que la captura de carbono se mantenga estable a largo plazo.
Para el sector, la combinación entre recursos naturales, potencial energético y un marco regulatorio específico podría posicionar a Argentina como uno de los principales jugadores regionales de la economía verde. La expectativa oficial es que el mercado de carbono deje de verse únicamente como una herramienta ambiental y se convierta también en una nueva fuente de inversión, exportaciones y desarrollo productivo.