La jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó al Gobierno porteño adoptar una serie de medidas urgentes para garantizar la limpieza del Lago Regulador Soldati, ubicado junto al barrio Los Piletones, en la zona sur de la Capital.
La resolución se enmarca en un amparo presentado en 2013 por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) en el contexto del proceso de reurbanización del barrio. La decisión judicial responde a una medida cautelar solicitada por el defensor Ramiro Dos Santos Freire, quien representa a vecinos afectados por la contaminación del lago, las inundaciones recurrentes y la presencia de plagas, entre otros problemas estructurales.
Qué acciones tendrá que cumplir el Gobierno de la ciudad
Entre las acciones que deberá ejecutar el Gobierno porteño antes del 15 de agosto se destacan:
- Gestionar la recepción y puesta en funcionamiento de la nueva red cloacal secundaria del barrio por parte de AySA.
- Realizar la limpieza del lago para remover residuos flotantes y otros materiales contaminantes.
- Implementar medidas para prevenir el contacto de la población con el agua contaminada.
- Diseñar un plan de acción ante eventos climáticos extremos para evitar desbordes.
- Informar los canales de comunicación vigentes para denuncias y contingencias ambientales.
Según explicó Dos Santos Freire, la «falta de infraestructura adecuada y la contaminación del lago representan una amenaza concreta para la salud de los habitantes de Los Piletones, algo que quedó en evidencia durante las intensas lluvias de mayo pasado, cuando el agua contaminada ingresó a viviendas y espacios comunes».
El fallo, según explican desde MPD, subraya que diversos organismos técnicos, como la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), confirmaron el estado crítico del Lago Soldati. Uno de los principales factores es que, pese a haberse construido una red cloacal interna en el barrio, esta no puede funcionar porque AySA aún no habilitó el sistema de vuelco correspondiente.
Además, Liberatori destacó la importancia de la participación vecinal en las instancias judiciales y técnicas vinculadas a la urbanización del barrio. Hasta el momento, Los Piletones no cuenta con una ley específica que garantice la intervención directa de la comunidad en decisiones clave para su desarrollo.
“La falta de acceso a un ambiente sano, a un hábitat adecuado y a infraestructura básica compromete derechos fundamentales”, advirtió la magistrada en su resolución.