Los últimos acontecimientos climáticos ocurridos en varias partes del mundo, dan muestra de cómo planeta continúa calentándose. Hace dos años, la temperatura media anual global de la superficie fue 1,55 °C ± 0,13 °C superior a la media del período 1850-1900, lo que convierte al 2024 en el año más cálido desde que se tienen registros (WMO, 2025).
A pesar de los compromisos de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), estos esfuerzos parecen seguir siendo insuficientes.
Varios organismos internacionales aseguran que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1.5o C se deben reducir en un 43% las emisiones de GEI para el 2030 y en 65% para el 2035 (UNFCCC, 2023).
En este sentido, un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advierte que el llamado sigue siendo a acelerar la acción climática y a aprovechar el nuevo ciclo de presentación de las contribuciones determinadas a nivel nacional para asumir compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones.
“La reducción de emisiones necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París solo podrá lograrse con cambios importantes en la estructura productiva, apuestas por sectores de mayor eficiencia carbónica que dinamicen la economía, sistemas energéticos y de movilidad urbana limpios, mejoras en el uso del suelo, y patrones de distribución y conductas de consumo de menor impacto ambiental”, se detalla en el documento.
Qué reclama el informe de CEPAL
El organismo reclama cambios en la inversión tanto pública como privada para que sea coherente con los objetivos climáticos nacionales (y globales) y pueda facilitar la transformación de sectores y actividades bajos en carbono que permitan a los países cumplir con sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) y ponerse en la ruta hacia la carbono neutralidad a más tardar al 2050.
En el mismo sentido, se pide cambiar los precios relativos en favor de los bienes y servicios esenciales para esta transformación.
Y como punto de inflexión se hace mención al precio del carbono como finalidad de propiciar los cambios necesarios en las estructuras de inversión, producción y consumo e inducir el tipo de progreso tecnológico que puede bajar los costos de reducción de emisiones en el futuro (CPLC, 2017).
Estos reclamos están incluidos en el trabajo “Panorama de las políticas de precios del carbono en América Latina y el Caribe 2025”, donde se presenta un análisis sobre la efectividad de los impuestos al carbono, se revisa la incidencia de algunas políticas conexas, como los subsidios a los combustibles fósiles, sobre la efectividad del impuesto.
También se ofrece un análisis empírico sobre la efectividad ambiental de los impuestos al carbono aplicados en la región a partir de un modelo econométrico.
El documento revisa además cómo los gobiernos pueden mejorar la eficacia de la fijación de precio al carbono mediante el fortalecimiento de la capacidades técnicas, operativas, políticas y de prospectiva (TOPP) en las instituciones que son responsables de su definición e implementación.
A modo de conclusión, el informe presenta 10 lineamientos para mejorar el diseño e implementación de las políticas de precios al carbono.
Panorama de las políticas de precios al carbono en América Latina y el Caribe
Se trata de un trabajo preparado por Jimy Ferrer, Carlos de Miguel, Santiago Lorenzo y José Eduardo Alatorre, funcionarios de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL.
El objetivo de los autores fue el de ofrecer un panorama de las políticas de precios al carbono en América Latina y el Caribe y un análisis sobre su efectividad respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Para lograrlo, revisaron las características y particularidades del diseño de los instrumentos de precios al carbono que se implementan en la región, con especial interés en las tarifas, sectores en los que se aplican, recaudación, uso de los ingresos, entre otros aspectos de los instrumentos.
También se destacan los avances en la región en materia de uso de los sistemas de compensación (offsets) y los mecanismos de acreditación del carbono, así como el limitado uso de los impuestos al carbono.
Se hace mención a la necesidad de revisar al alza la tarifa de los impuestos al carbono, para que reflejen mejor el costo social de las emisiones de GEI y se presenta un análisis sobre la efectividad de los instrumentos de precios al carbono y su relación con otras políticas públicas.
En este sentido, se sostiene que un aumento de u$s1 en la tarifa del impuesto al carbono se podría asociar a una disminución del 0.5 % en las emisiones de CO2 per cápita, aunque su efectividad depende de diversos factores (nivel de la tarifa, elasticidades, políticas complementarias, etc).
Del mismo modo, se advierte que algunos países que otorgan altos montos de subsidios a los combustibles fósiles están por defecto implementando un precio negativo al carbono.
Financiamiento climático
A pesar de la efectividad de los instrumentos de precios al carbono, el documento resalta la necesidad de coordinar y articular las políticas en este sentido con el resto de las políticas nacionales y sectoriales pertinentes, para evitar efectos adversos a los objetivos climáticos.
En el trabajo se destaca que entre 2017 y 2024, cinco países de América Latina y el Caribe, incluyendo a la Argentina, que aplican un impuesto al carbono, mostraron que por cada dólar que se recaudó, se destinaron u$s22 al subsidio explícito de los combustibles fósiles.
Además, al comparar los datos de financiamiento climático y de subsidios a los fósiles, el informe de la CEPAL encontró que en América Latina y el Caribe durante el 2021 y 2022 por cada dólar invertido en la acción climática, se destinó otro dólar al subsidio explícito de combustibles fósiles, lo que demanda la revisión y reducción gradual de estos subsidios.
A modo de escenario, el informe asegura que el impuesto al carbono busca desincentivar decisiones de consumo e inversión que contribuyan a la emisión de gases de efecto invernadero.
“En la práctica, este instrumento de política funciona a partir de la definición de una tarifa del impuesto al carbono junto con la base gravable y el hecho generador que será sujeto del pago del impuesto”, se detalla.
Los responsables del pago del impuesto deberán decidir entre reducir las emisiones (cambiando insumos energéticos, la tecnología del proceso o incorporando mecanismos de abatimiento y captura) y evitar el pago del impuesto o, alternativamente, pagar la tarifa que defina la ley.
Esto es, el instrumento no garantiza el logro de un objetivo de reducción de emisiones que haya fijado la autoridad, sino que es un proceso de constante seguimiento y ajuste del precio según sea la respuesta de los regulados.
¿Impuesto poco usado?
Sin embargo, la CEPAL advierte que, a pesar de sus múltiples ventajas por desincentivar y modificar las decisiones de inversión responsables de las emisiones de GEI, este impuesto continúa siendo implementado solamente por cinco países (México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay).
“Una de las principales razones para su limitada adopción es la complejidad política y social para su introducción”, define el informe en el cual se asegura que “el sólo anuncio de su introducción genere reacciones sociales y consecuencias políticas que pocos gobiernos están dispuestos a experimentar”.
Sin embargo, señala que si su introducción se lleva a cabo gradualmente, pero con certidumbre, en el marco de un paquete de políticas que impulsen la substitución de los bienes y servicios principalmente afectados, o de la generación de alternativas a ellos, así como medidas de mitigación de sus efectos y compensación a los más vulnerables, se mejoran las posibilidades de éxito en su introducción.
El impuesto en la Argentina
En el capítulo dedicado a la Argentina, el documento de la CEPAL explica que el impuesto al carbono local tiene un punto de regulación aguas arriba (upstream), por lo tanto, está asociado a la emisión de CO2 emanada de la combustión de los combustibles gravados.
“La tarifa del impuesto al dióxido de carbono en Argentina se calcula a partir de los montos fijos en pesos para cada producto que varían entre 0.412 y 0.557 pesos argentinos por litro o kilo, según el tipo de combustible”, señala el paper.
También recuerda que la ley que dio origen al impuesto definió que los montos fijos para el cálculo se actualizarían por trimestre según las variaciones del índice de precios al consumidor.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional tiene la facultad para aumentar hasta en un 25% los montos del impuesto, cuando así lo aconsejen las políticas en materia ambiental y/o energética (Ministerio de Economía, 2025).
En consecuencia, actualmente el tributo se encuentra alrededor de 5,3 USD/ tCO2, alcanzando a cubrir alrededor del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina (Banco Mundial, 2025).
Sin embargo, hasta ahora no se ha reglamentado la posibilidad de realizar compensaciones al pago del impuesto mediante certificados de reducción de emisiones que provengan de proyectos desarrollados bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o de otro tipo de proyectos.
En este sentido, los ingresos recaudados por concepto de impuesto al dióxido de carbono se distribuyen entre los diferentes niveles de gobierno y, en algunos casos, también se determina una asignación específica a los fondos recaudados, siguiendo lo estipulado en el régimen general de distribución y el régimen especial de distribución.
Según la CEPAL, en Argentina el impuesto al carbono generó ingresos fiscales por u$s222,3 millones en 2024, lo que significó un aumento del 57% frente al recaudo fiscal del 2023.
“Esta recaudación representa el 0,15% de los ingresos tributarios y un poco más de 0,03% del PBI, mientras que el ajuste a la baja en la tarifa del impuesto, producto de las actualizaciones, ha significado una reducción importante en la recaudación”, detalla el informe.
En este sentido, la Argentina no está sola en este camino; de hecho, forma parte de un selecto grupo de países en América Latina que han implementado impuestos explícitos al carbono (Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay).
Sin embargo, la forma en que cada uno lo aplica y el precio que le pone a la tonelada de CO_2 varía significativamente.
El modelo «uruguayo» vs. el «argentino»
Mientras que Uruguay utiliza el impuesto al carbono como una herramienta de recaudación masiva y de señal de precios clara (por eso sus combustibles son los más caros de la región), Argentina lo utiliza de forma más táctica.
El Gobierno suele usar el impuesto al carbono como un «amortiguador»: si el petróleo sube mucho, el gobierno posterga la actualización del impuesto para que el precio final en el surtidor no golpee tanto el bolsillo.
Colombia y la flexibilidad (Offsets)
A diferencia de Argentina, donde se paga el impuesto o no, Colombia permite que las empresas eviten el pago si demuestran que han invertido en proyectos de reforestación o conservación (Bonos de Carbono). Esto ha creado un mercado ambiental mucho más dinámico que el nuestro.
En Chile, no se paga «impuesto al carbono» directamente en la carga de combustible, sino que lo hacen las grandes chimeneas industriales, mientras que en Argentina, el peso recae casi exclusivamente en el transporte (el usuario final de nafta y gasoil).
Además, la región está virando hacia los Sistemas de Comercio de Emisiones (ETS).
México ya tiene un sistema piloto y Brasil está avanzando fuertemente en su propio mercado regulado bajo la presidencia de la COP30.
Argentina, por ahora, mantiene un esquema puramente tributario, pero bajo presión internacional para elevar sus estándares si quiere acceder a ciertos mercados de exportación.
A partir de estos datos se puede concluir que el impacto del impuesto al carbono en Argentina es multidimensional, ya que actúa simultáneamente como una herramienta de recaudación clave, un ancla contra la inflación y un costo logístico que afecta la competitividad.
En el caso del impacto fiscal, el impuesto al carbono (IDC), junto con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), representa una parte sustancial de los ingresos del Estado.
Sin embargo, en los últimos años el gobierno ha utilizado este tributo como una variable de ajuste.
Solo en 2025, el Estado resignó aproximadamente u$s2.326 millones al postergar las actualizaciones del impuesto para evitar subas mayores en el surtidor. Esto funciona, de facto, como un subsidio indirecto al consumo de energía fósil.
Para este año, se espera que la recaudación por combustibles ascienda a $7.600 millones (alrededor del 0,74% del PBI), lo que refleja un intento de normalizar el esquema fiscal tras años de congelamiento.
Impacto del impuesto en la inflación
Como el IDC grava el gasoil y la nafta, su actualización se traslada casi de inmediato a toda la cadena de valor.
Un aumento en el impuesto encarece el flete, lo que impacta directamente en el precio de los alimentos y bienes de consumo masivo en la góndola.
A febrero de 2026, el Gobierno aplica subas «parciales» (como la del Decreto 74/2026 de este mes) para intentar cumplir con las metas fiscales sin generar un salto brusco en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En este sentido, la economía real siente el impuesto de formas muy distintas según el sector:
- Agro y Pesca: Son los sectores más sensibles. En el inicio de 2026, la industria pesquera ha manifestado que el alza del impuesto al carbono reduce su rentabilidad, ya que el combustible es su principal costo variable junto con la logística de exportación.
- Competitividad Internacional: Argentina enfrenta el desafío de los «ajustes de carbono en frontera» (como el de la Unión Europea). Si el impuesto local es muy bajo, los exportadores argentinos de acero o aluminio podrían tener que pagar esa diferencia al ingresar sus productos a Europa. Por eso, un impuesto al carbono robusto en casa puede actuar como un «escudo» para que ese dinero quede en el fisco argentino y no en el extranjero.
Herramienta imprescindible
Pero más allá de estas comparaciones, para la CEPAL, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de la humanidad, por lo cual se hace indispensable llevar a cabo grandes transformaciones en las economías para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, la organización internacional entiende que las políticas de precios al carbono “son una herramienta imprescindible en el menú de acciones necesarias para lograr la transición hacia un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible”.
En ese sentido, se explica cómo varios países siguen avanzando en la preparación de sistemas de comercio de emisiones como parte de las políticas para reducir las emisiones, vincular al sector privado y agilizar el financiamiento de la acción climática.
Pero se advierte que el uso de los impuestos al carbono sigue siendo limitado en la región y se asegura que en los últimos dos años no se han creado nuevos impuestos al carbono a nivel nacional.
“La revisión de los impuestos al carbono a nivel nacional permite ver que las tarifas en general son bajas con relación a los precios al carbono que se consideran coherentes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”, detalla el trabajo.
Sin embargo, admite que “la cobertura que tienen estos impuestos al carbono sobre los gases de efecto invernadero en los distintos países también es limitada”.
Ampliar la base tributaria
Por lo tanto, para la CEPAL resulta necesario ajustar al alza los precios al carbono para que reflejen el verdadero costo social de las emisiones de gases efecto invernadero.
El organismo también propone considerar ampliar la base de la tributación (los sectores o actividades sobre los que recae este impuesto), para que se puedan lograr reducciones significativas de GEI que ayuden al cumplimiento de las metas planteadas en las contribuciones determinadas a nivel nacional y para que pueda estar acompañado de niveles de recaudación que contribuyan al financiamiento de la acción climática, tanto en mitigación como en adaptación.
“Estos ajustes deben estar acompañados de medidas complementarias que minimicen los impactos no deseados sobre las poblaciones de menores ingreso”, sostiene la CEPAL desde el informe.
Por eso propone que para que los impuestos al carbono o a los combustibles sean efectivos como instrumento de política pública para la reducción de emisiones “es necesario articularlo con otras políticas y que exista coherencia entre ellas”.
“Al revisar la evidencia internacional sobre las evaluaciones de la implementación de los precios al carbono se confirma la efectividad de los mecanismos basados en precios para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, agrega el documento.
Potencial de las energías renovables
En este sentido, destaca que la evaluación de la efectividad ambiental de los impuestos al carbono que se implementan en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, permite concluir que el impuesto al carbono tiene un efecto estadísticamente significativo en la reducción de las emisiones de CO2 per cápita.
A esto se le agrega que la mayor presencia de las energías renovables en la matriz energética también incide en la reducción de emisiones de CO2 per cápita, lo que refuerza la idea de que la política climática no depende solo de precios, sino también de oferta tecnológica y transformación estructural.
La CEPAL estima que los impuestos al carbono en promedio logran reducir 3.87% las emisiones de gases de efecto inv”ernadero mientras que los sistemas de comercio de emisiones las reducen en 5.49%.
“Estos resultados muestran el potencial de ambos instrumentos para abordar la reducción de emisiones, aunque su implementación tiene implicaciones distintas”, asegura el informe.
De manera adicional, el organismo sostiene que a partir del análisis de las políticas públicas de precios al carbono se permite destacar que las políticas climáticas son compatibles con el crecimiento, el desarrollo y la reducción de la pobreza.
Por eso propone que, “para avanzar en esta dirección se lleve a cabo un alto grado de coordinación entre las políticas a modo de fortalecimiento de las capacidades tanto técnicas, como operativas, políticas y de prospectiva; así como también, la articulación con políticas sectoriales y complementarias para mitigar los impactos secundarios