Un nuevo informe regional advierte que la zona conocida como el “triángulo del litio”, conformada por los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile, concentra el 50% de las reservas globales del mineral y aporta el 29% de la producción mundial.
El estudio pone el foco en el impacto ambiental y social que genera el auge de la extracción en una región clave para la transición energética.
El reporte -titulado “Litio y derechos humanos en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile”– fue elaborado por el Observatorio Ciudadano con apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), según informó la Agencia de Noticias InnContext.
Qué país encabeza el triángulo del litio
Según el informe, Chile y Argentina lideran la producción regional, que en 2024 representó casi un tercio del total global de sales de litio. Chile encabeza la actividad con exportaciones por más de 8.546 millones de dólares en 2022, equivalentes al 4% de su PIB.
En tanto, Argentina alcanzó 631 millones de dólares en 2024, mientras que Bolivia, con 22,5 millones en 2023, proyecta ingresos de hasta 500 millones anuales hacia 2030.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda mundial de litio llegó a 920 mil toneladas en 2023 y podría alcanzar 1,4 millones en 2025, un incremento del 52%. Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, la producción global debería multiplicarse por 42 antes de 2040, lo que intensifica la presión sobre los salares altoandinos.
Impacto ambiental del litio
El informe alerta sobre los efectos ambientales de la extracción de salmueras, especialmente la pérdida de agua y el deterioro de ecosistemas frágiles. En el Salar de Atacama (Chile) se registraron descensos de más de 10 metros en los niveles freáticos y un hundimiento del terreno de hasta 2 centímetros por año. En Catamarca (Argentina), la justicia provincial suspendió nuevas licencias hasta contar con un estudio ambiental integral.
La región es hogar de más de 200 comunidades indígenas -aymara, quechua, lickanantay y colla, entre otras- que dependen del equilibrio hídrico de los salares. El estudio denuncia falencias en los procesos de consulta previa y participación comunitaria y recomienda a los gobiernos reforzar la supervisión ambiental, garantizar los derechos territoriales y promover una transición energética justa que no profundice las desigualdades sociales.