La disputa por el llamado «impuesto al viento» ha escalado hasta los despachos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de diversas tasas por «inspección, seguridad e higiene» que varios municipios, principalmente en las provincias de Chubut y Buenos Aires, aplican sobre los aerogeneradores de los parques eólicos. Para el Gobierno, estas medidas constituyen una mentira sustentable por parte de las comunas, que dicen apoyar la ecología pero asfixian con presión tributaria a los proyectos que buscan descarbonizar la matriz energética argentina.
El plan oficial apunta a blindar jurídicamente a las empresas generadoras mediante una reglamentación que impida a los municipios aplicar gravámenes sobre recursos naturales que no son de su competencia originaria. Las empresas del sector advierten que estos costos adicionales se trasladan finalmente a la factura de los usuarios o, en el peor de los casos, paralizan nuevas inversiones que son críticas para cumplir con las metas ambientales internacionales. La falta de una gestión ambiental coordinada entre Nación y municipios genera una inseguridad jurídica que ahuyenta el capital privado.
Un obstáculo para la transición energética
Desde el punto de vista del mercado eléctrico, estas tasas son consideradas distorsivas y discriminatorias, ya que no se aplican de la misma forma a otras fuentes de energía. Mientras el mundo avanza hacia la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, este tipo de «impuestos al clima» actúan como un subsidio encubierto a las energías convencionales al encarecer artificialmente la alternativa limpia. La accesibilidad a una energía barata y sustentable se ve comprometida por objetivos recaudatorios locales que no contemplan el impacto macro ambiental.
El debate por la autonomía municipal
Del otro lado, los intendentes defienden su derecho a recaudar para sostener la infraestructura local que, según argumentan, se ve afectada por la instalación de estos mega emprendimientos. Sin embargo, para la Cámara Eólica Argentina, el viento no puede ser gravado porque no es un servicio que el municipio preste. Esta tensión pone de relieve la fragilidad de la transmisión energética en el país, donde la falta de una política de Estado clara permite que intereses particulares frenen el avance tecnológico y la protección del aire y el suelo que estas energías prometen.