La minería argentina atraviesa probablemente el momento de mayor expectativa de las últimas dos décadas ya que nunca antes coincidieron tantos factores favorables para el desarrollo del sector.
Por ejemplo, la demanda internacional de cobre, litio, oro y plata continúa creciendo impulsada por la electrificación del transporte; la fabricación de baterías; el almacenamiento de energía y la expansión de las redes eléctricas.
Al mismo tiempo, la Argentina posee algunas de las mayores reservas mundiales de minerales considerados estratégicos para la transición energética.
Sobre ese escenario se montó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares económicos del Gobierno nacional para captar proyectos por miles de millones de dólares.
Entre proyectos en producción, construcción y exploración avanzada, la cartera minera supera los u$s20.000 millones, con especial protagonismo del litio en la Puna y del cobre en la cordillera de San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza.
Para el Gobierno, ese proceso representa una oportunidad histórica para aumentar exportaciones, generar divisas y transformar a la minería en uno de los motores económicos de la próxima década.
Una profunda deuda ambiental
Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista aparece otra realidad mucho menos difundida si se tiene en cuenta que el país también acumula un largo historial de conflictos ambientales asociados a la actividad minera.
Derrames de soluciones cianuradas, denuncias por contaminación de cursos de agua, cuestionamientos por el uso intensivo del recurso hídrico, procesos judiciales contra empresas y ejecutivos, disputas por la Ley de Glaciares y enfrentamientos con comunidades locales forman parte de una agenda que sigue abierta y que vuelve a cobrar relevancia a medida que el sector acelera nuevas inversiones.
En ese contexto, el debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto puede crecer la minería sino que pasa por saber si la Argentina puede convertirse en un gran proveedor mundial de minerales críticos sin repetir los errores ambientales del pasado.
La paradoja de la minería “verde”
El debate resulta especialmente complejo porque buena parte de los minerales cuya extracción genera conflictos ambientales son, al mismo tiempo, indispensables para reducir las emisiones globales de carbono.
El cobre es esencial para la fabricación de vehículos eléctricos, parques eólicos, redes de transmisión y centros de almacenamiento energético.
El litio se convirtió en uno de los insumos más demandados para baterías destinadas tanto a automóviles como a sistemas estacionarios.
Paradójicamente, la producción de esos minerales también requiere enormes volúmenes de agua, movimientos masivos de suelo, generación de residuos mineros y utilización de sustancias químicas cuyo manejo exige controles permanentes.
Allí aparece uno de los conceptos que comienza a ganar fuerza entre especialistas ambientales como es el llamado “colonialismo verde”, expresión que hace referencia a un fenómeno que varios investigadores describen como la posibilidad de que los países desarrollados reduzcan sus emisiones contaminantes gracias a tecnologías limpias cuyos insumos provienen de territorios donde permanecen los impactos ambientales de la extracción.
En otras palabras, la transición energética mundial podría terminar trasladando parte de sus costos ambientales hacia regiones proveedoras de materias primas como el norte argentino.
Por eso, cada vez más organismos internacionales sostienen que la sustentabilidad de un proyecto minero ya no puede medirse únicamente por el destino final del mineral. También debe evaluarse qué ocurre durante todo su ciclo de producción.
Qué recurso concentra las mayores tensiones
Si existe un elemento que atraviesa prácticamente todos los conflictos mineros argentinos es el agua, con cuestionamientos vinculados con la preservación de glaciares y ambientes periglaciales, el estado de las cuencas hidrográficas, la protección de vegas altoandinas y humedales, la calidad de los cursos superficiales y el monitoreo de acuíferos subterráneos.
En provincias como Catamarca, Salta y Jujuy, donde se concentra el desarrollo del litio, el debate se profundizó debido a que la extracción de salmueras ocurre en ecosistemas naturalmente frágiles y caracterizados por un elevado estrés hídrico.
Diversos investigadores vienen reclamando la realización de estudios de impacto acumulativo debido a que mientras los estudios tradicionales analizan cada emprendimiento de manera individual, los acumulativos buscan medir el efecto combinado de varios proyectos operando simultáneamente sobre un mismo salar o una misma cuenca.
Para numerosos especialistas, esa evaluación integrada continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes del desarrollo minero argentino.
Licencia social en extinción
Hace dos décadas, la discusión ambiental alrededor de la minería se concentraba principalmente en cuestiones técnicas mientras que en la actualidad el escenario cambió.
La licencia social comenzó a convertirse en un activo tan importante como el propio financiamiento del proyecto.
Fondos internacionales, bancos multilaterales e incluso grandes fabricantes de automóviles ya incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al momento de definir inversiones o proveedores.
Eso significa que un conflicto ambiental sostenido puede afectar tanto la reputación como el acceso al financiamiento internacional.
En ese contexto, estándares como IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), los Principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) o las normas ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC) empezaron a tener un peso creciente.
Es decir, ya no alcanza con cumplir la legislación local debido a que cada vez más compradores internacionales exigen demostrar buenas prácticas ambientales, participación comunitaria, transparencia y planes efectivos de cierre de minas.
Sin embargo, buena parte de los conflictos históricos que aún arrastra la minería argentina muestran que esa transformación todavía convive con problemas estructurales que permanecen abiertos desde hace años.
Barrick Gold, el caso testigo
Pocos casos sintetizan mejor esa discusión que el de Veladero, la mina operada por Barrick Gold en San Juan, cuyos derrames de solución cianurada marcaron un punto de inflexión en el debate ambiental argentino y cambiaron para siempre la percepción pública sobre los riesgos de la minería metalífera.
Ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la mina comenzó a operar en 2005 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores emprendimientos auríferos del país.
Durante años fue presentada como un ejemplo del potencial minero argentino para atraer inversiones internacionales, generar empleo y aumentar las exportaciones.
Sin embargo, esa imagen empezó a resquebrajarse en septiembre de 2015 a partir de la rotura de una válvula en el sistema de transporte de solución cianurada.
Este incidente provocó un derrame que derivó en uno de los mayores incidentes ambientales registrados por la minería argentina.
La empresa informó posteriormente que se habían implementado medidas de contención y remediación, mientras que organismos provinciales iniciaron investigaciones y aplicaron sanciones.
Este episodio no quedó aislado si se recuerda que en 2016 y 2017 se registraron nuevos incidentes operativos que volvieron a colocar a Veladero bajo la lupa de organismos de control, la Justicia y organizaciones ambientalistas.
Más allá de las discusiones técnicas sobre el alcance efectivo de cada uno de esos episodios, el impacto fue mucho mayor que el estrictamente ambiental y por primera vez, una parte importante de la sociedad comenzó a preguntarse si los mecanismos de control estatal eran suficientes para fiscalizar emprendimientos de semejante escala ubicados en zonas de alta montaña.
Transparencia y licencia social
Otra de las críticas que históricamente recibió Barrick estuvo vinculada con la comunicación de sus incidentes ambientales.
Las asambleas ciudadanas de San Juan continúan reclamando mayor acceso a información pública, monitoreos independientes y participación de universidades y organismos científicos en los controles.
La empresa, por su parte, sostiene que fortaleció sus sistemas de gestión ambiental, incorporó nuevas tecnologías de monitoreo y reforzó sus protocolos de seguridad luego de los incidentes ocurridos durante la última década.
Aun así, Veladero continúa siendo citado como el principal antecedente cuando se discute la sustentabilidad de la minería metalífera argentina.
Glencore y una causa judicial que sigue
Si Barrick simboliza los riesgos asociados a los derrames operativos, Glencore representa otro de los grandes debates pendientes de la minería argentina.
La multinacional suiza quedó vinculada durante años al complejo Bajo de la Alumbrera, uno de los emprendimientos de cobre y oro más importantes que tuvo el país.
Aunque la explotación finalizó hace varios años, las consecuencias ambientales del proyecto continúan siendo materia de discusión judicial, técnica y política.
Diversas causas investigaron presuntos episodios de contaminación relacionados con la cuenca Salí-Dulce, mientras que distintos directivos enfrentaron procesos judiciales vinculados con presuntas afectaciones ambientales.
La empresa rechazó esas acusaciones y defendió el cumplimiento de los controles regulatorios y de los planes de gestión ambiental exigidos por las autoridades competentes.
Más allá del resultado de cada expediente, el caso dejó instalada una discusión que hoy atraviesa a toda la industria en relación a qué ocurre cuando una mina deja de producir.
El cierre de una explotación minera no significa el final de sus obligaciones ambientales ya que, por el contrario, comienza una etapa crítica destinada a evitar fenómenos como el drenaje ácido de roca, la filtración de metales pesados o la inestabilidad de diques de colas y escombreras.
Los especialistas consideran que todavía existen desafíos para asegurar que todos los emprendimientos cuenten con mecanismos suficientes que garanticen la remediación ambiental incluso décadas después del fin de la explotación.
El Pachón, inversión con desafíos ambientales
Mientras el legado de Alumbrera continúa siendo objeto de análisis, Glencore impulsa otro de los proyectos de cobre más ambiciosos del país.
Se trata de El Pachón, también ubicado en San Juan y considerado uno de los mayores yacimientos cupríferos sin desarrollar del mundo.
La iniciativa aparece entre las principales candidatas para ingresar al RIGI y demandaría inversiones por varios miles de millones de dólares.
Pero tampoco está exenta de controversias al punto que varias organizaciones ambientales denunciaron la ubicación de una escombrera en una zona cercana a la frontera, generando un conflicto de carácter transfronterizo que puso nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos binacionales de control ambiental.
Ese antecedente demuestra que la gobernanza minera ya no puede analizarse únicamente dentro de los límites de cada provincia o incluso de cada país.
MARA y un proyecto que divide a Catamarca
Pero más allá de los anteriores ejemplos, pocas iniciativas sintetizan mejor la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental que MARA.
El proyecto busca aprovechar buena parte de la infraestructura existente de Bajo de la Alumbrera para explotar el yacimiento Agua Rica, una de las reservas de cobre, oro y molibdeno más importantes del país.
Desde la perspectiva empresarial, esa reutilización permitiría reducir costos, minimizar nuevas intervenciones y aprovechar instalaciones ya construidas.
Sin embargo, para organizaciones sociales y ambientales de Andalgalá el debate es muy diferente y vienen sosteniendo que el nuevo emprendimiento se ubica en una zona extremadamente sensible desde el punto de vista hídrico.
El principal cuestionamiento gira alrededor de las nacientes de los ríos que abastecen a la ciudad y a las actividades agrícolas de la región.
A ello se suman denuncias sobre la falta de licencia social, cuestionamientos a los procesos de participación ciudadana y numerosos conflictos judiciales derivados de las protestas contra el proyecto.
Este proyecto comenzó incluso a ser analizada por especialistas internacionales como un ejemplo de cómo los conflictos comunitarios pueden incidir directamente sobre la viabilidad de grandes proyectos extractivos.
Arcadium Lithium: el dilema del “oro blanco”
La explosión de la demanda mundial de baterías convirtió a la Argentina en uno de los países más buscados por las grandes compañías del sector.
El llamado “Triángulo del Litio”, que comparte con Chile y Bolivia, concentra algunos de los mayores recursos del planeta y aparece como una pieza clave para abastecer la electrificación del transporte y los sistemas de almacenamiento de energía.
Sin embargo, esa carrera también abrió un nuevo frente de debate que, especialmente involucra a Arcadium Lithium, sociedad surgida de la fusión entre Livent y Allkem y que actualmente es uno de los principales actores mundiales del negocio.
Desde hace varios años opera en el Salar del Hombre Muerto, entre Catamarca y Salta, donde produce carbonato y cloruro de litio destinados principalmente a los mercados internacionales.
La compañía sostiene que sus operaciones cumplen con las exigencias regulatorias y que desarrolla programas de monitoreo ambiental, eficiencia hídrica y vinculación con las comunidades locales.
Pero varias organizaciones ambientales, investigadores y comunidades indígenas vienen planteando otra preocupación como el caso del agua.
Esto se debe a que la extracción de litio a partir de salmueras requiere bombear grandes volúmenes desde acuíferos subterráneos para luego concentrarlos mediante evaporación.
El proceso puede modificar los delicados equilibrios hidrológicos de los salares si no existe una gestión integral del sistema.
En el caso del Salar del Hombre Muerto, distintos estudios científicos y denuncias de organizaciones socioambientales alertaron sobre la necesidad de evaluar el impacto acumulativo de todas las operaciones presentes en la cuenca y no únicamente el efecto individual de cada empresa.
En el mismo sentido, especialistas del CONICET y de universidades nacionales y organismos internacionales vienen impulsando balances hídricos regionales que permitan comprender cómo evolucionan los acuíferos a largo plazo.
Se trata de un interrogante que enfrenta toda la minería del litio argentina y que además pasa por saber cómo garantizar que un recurso estratégico para combatir el cambio climático no termine generando nuevos problemas ambientales en ecosistemas extremadamente frágiles.
Litio con trazabilidad ambiental
La presión ya no proviene solamente de organizaciones ambientalistas si se tiene en cuenta que los fabricantes globales de automóviles, las empresas tecnológicas e inversores institucionales comenzaron a exigir información cada vez más detallada sobre el origen de los minerales que compran.
Para estos grupos, la trazabilidad ambiental empieza a convertirse en un requisito comercial para acreditar el origen del agua utilizada, las emisiones generadas durante la producción, la relación con las comunidades locales y la gestión de residuos.
Zijin Mining y un nuevo incidente
Otro episodio ocurrido este año volvió a instalar el debate sobre los riesgos operativos de la actividad.
En marzo pasado, un camión vinculado a operaciones de Zijin Mining protagonizó un incidente en la zona del río Chaschuil, en Catamarca, que derivó en el vuelco de salmuera transportada para actividades vinculadas al proyecto.
A través de su filial Zijin-Liex, el gigante asiático viene desarrollando el proyecto de extracción de litio Tres Quebradas (3Q), ubicado en el departamento de Fiambalá.
La compañía extrae salmuera de litio en la cordillera, procesándola para producir carbonato de litio para baterías.
Y hace poco, estuvo involucrada en un hecho que motivó actuaciones de las autoridades competentes, tareas de contención y nuevas inspecciones ambientales para determinar el alcance del episodio.
Este incidente volvió a poner sobre la mesa una cuestión recurrente que es que los riesgos ambientales no se limitan exclusivamente al proceso de extracción y que también alcanzan al transporte de sustancias, la logística, el almacenamiento de insumos y la gestión integral de cada etapa del proyecto.
De hecho, para los especialistas en seguridad industrial, la expansión acelerada de la minería obligará a fortalecer controles sobre toda la cadena operativa y no únicamente sobre las plantas de producción.
Zonda Metal y el cobre en Mendoza
Si existe una provincia donde la relación entre minería y sociedad adquirió características particulares, esa es Mendoza que durante años, limitó el uso de determinadas sustancias químicas en la minería metalífera y se transformó en uno de los principales símbolos de la defensa del agua en la provincia.
En ese contexto aparece el proyecto San Jorge, actualmente impulsado por Zonda Metals (empresa del Grupo Alberdi), que busca desarrollar un yacimiento de cobre en la zona de Uspallata.
La iniciativa volvió a generar una fuerte discusión pública porque, mientras la empresa sostiene que utilizará tecnologías modernas y estándares ambientales acordes con las exigencias internacionales, organizaciones ciudadanas cuestionan aspectos del estudio de impacto ambiental y consideran que todavía no existe la licencia social necesaria para avanzar.
El debate mendocino trasciende incluso al propio proyecto y representa uno de los principales casos donde el desarrollo minero se enfrenta directamente con una identidad provincial construida durante décadas alrededor de la protección del recurso hídrico.
La minería circular y una deuda pendiente
Mientras gran parte del debate se concentra en cómo extraer minerales, otra discusión comienza a ganar espacio entre especialistas bajo la incógnita de qué ocurre después de la explotación.
En este aspecto, la llamada minería circular propone dejar atrás el modelo lineal de extraer, producir y abandonar y su objetivo es recuperar agua, reutilizar residuos, reprocesar relaves, reciclar minerales provenientes de baterías y diseñar desde el inicio el cierre ambiental de cada mina.
En países como Canadá, Australia o Finlandia, estos conceptos ya forman parte del desarrollo de nuevos proyectos.
En Argentina todavía aparecen de manera incipiente y los especialistas sostienen que reducir la presión sobre nuevos yacimientos también dependerá de cuánto avance la denominada “minería urbana”, basada en recuperar minerales ya presentes en productos en desuso.