La expansión del litio en Argentina suma una nueva instalación industrial, pero también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el crecimiento de las inversiones no resuelve. POSCO Argentina inauguró el 6 de octubre la Planta II del proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca, con capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
La puesta en marcha de la séptima planta productora de este compuesto en el país fue presentada como un avance para la industria minera y la cadena de suministro de baterías. Sin embargo, el proyecto se desarrolla en una región donde la disponibilidad de agua, la fragilidad de los ecosistemas y los derechos de las comunidades originarias están en el centro de una controversia que involucra a distintas compañías.
El acto reunió a Karina Milei, Diego Santilli, los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, y directivos de la compañía surcoreana. También se anunció un acuerdo entre POSCO y los gobiernos provinciales para avanzar con las etapas III y IV de Sal de Oro, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.
La apuesta empresarial es de gran escala. POSCO informó que acumula inversiones superiores a los US$ 2.000 millones en Argentina y que el emprendimiento cuenta con una planta de hidróxido de litio con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales. La nueva instalación de carbonato ampliará su actividad industrial, aunque el inicio comercial estará acompañado por un incremento gradual de la producción durante 2027, según informó Noticias Argentinas.
El problema es que los anuncios de inversión, empleo y crecimiento exportador no responden por sí solos a las preguntas centrales sobre la sustentabilidad de estos proyectos. Cuánta agua puede extraerse sin comprometer las cuencas, cómo se evalúan los impactos de varias operaciones simultáneas y qué mecanismos garantizan la participación de las comunidades son interrogantes que adquieren mayor relevancia a medida que aumenta la actividad minera.
POSCO amplía la producción de litio mientras se proyectan nuevas inversiones
La inauguración de Sal de Oro II se inscribe en una estrategia de expansión que busca posicionar a Argentina en la cadena global de valor del litio. El carbonato de litio es una materia prima utilizada en la fabricación de baterías, mientras que el hidróxido también tiene aplicaciones en ese mercado, particularmente en determinadas químicas de baterías recargables.
La compañía sostiene que el proyecto impulsa el empleo, la contratación de proveedores y la formación de trabajadores. Según los datos difundidos por POSCO, el emprendimiento generó más de 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, incluidos más de 600 empleos directos dentro de la empresa. También informó que trabaja con más de 270 proveedores locales y que desarrolla programas de capacitación, becas, asistencia médica y actividades educativas.
A esto se suma un financiamiento de hasta US$ 700 millones liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a respaldar el proyecto. La empresa también señaló que Sal de Oro II fue aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios y estabilidad normativa para iniciativas de gran escala.
El acuerdo para las etapas III y IV prevé coordinar permisos y procedimientos administrativos, facilitar el acceso al RIGI, fortalecer el vínculo con las comunidades y ampliar las oportunidades de empleo y contratación de proveedores regionales.
Pero la dimensión económica no alcanza para evaluar el desempeño ambiental de una explotación minera. Los puestos de trabajo, las inversiones y las compras locales son variables relevantes, aunque deben analizarse junto con el uso de recursos naturales, los impactos acumulativos y los mecanismos de control público.
En una zona árida como la Puna, donde el agua sostiene tanto los ecosistemas como las actividades productivas y la vida cotidiana, la evaluación de esos impactos resulta central. La ampliación de la capacidad industrial exige información pública suficiente para determinar qué recursos demanda cada proyecto y qué efectos puede generar su operación conjunta con otras explotaciones.
El antecedente de Río Tinto expone los conflictos por el agua en el Salar del Hombre Muerto
La expansión de POSCO se produce en un territorio atravesado por cuestionamientos ambientales y judiciales vinculados con la explotación del litio. Uno de los casos más relevantes es el del proyecto Fénix, iniciado en 1997 y operado sucesivamente por FMC y Livent, hasta quedar bajo el control de Río Tinto tras la adquisición de esta última compañía.
La Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, a través de su cacique Román Guitián, impulsó acciones judiciales para cuestionar autorizaciones mineras y reclamar una evaluación ambiental que contemplara el conjunto de la cuenca del Salar del Hombre Muerto. Entre los planteos se incluyeron denuncias por daños en cursos de agua y vegas, además de reclamos por la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
La discusión no se limita a una empresa. En la cuenca conviven múltiples proyectos de litio que comparten un sistema hidrogeológico, por lo que analizar cada explotación de manera aislada puede resultar insuficiente para determinar la presión total sobre el agua.
La abogada ambientalista Verónica Gostissa resumió ese cuestionamiento con una metáfora sobre la explotación simultánea de los recursos hídricos. “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, sostuvo, según una publicación de la revista Cítrica.
La especialista también cuestionó la falta de información consolidada sobre la extracción de agua y sus efectos a largo plazo. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua, por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, concluyó.
En el plano judicial, la controversia incluyó una medida cautelar que frenó nuevas autorizaciones vinculadas con proyectos en el Salar del Hombre Muerto. Posteriormente, la Corte de Justicia de Catamarca revocó esa protección en una decisión dividida, apoyada en un estudio de impacto ambiental encargado por el gobierno provincial a la consultora LIPAT. Según los antecedentes difundidos sobre el caso, el informe no se hizo público, aunque la provincia sostuvo ante la Corte que los sistemas ambientales, socioculturales y productivos se encontraban en buenas condiciones.
Estos antecedentes no prueban por sí mismos que la nueva planta de POSCO vaya a provocar los mismos impactos denunciados en otros emprendimientos. Sí muestran por qué resulta necesario evaluar las operaciones en conjunto, garantizar información ambiental accesible y establecer mecanismos efectivos de participación comunitaria antes de habilitar nuevas etapas de expansión.
Con Sal de Oro II en funcionamiento y una capacidad futura proyectada de 100.000 toneladas anuales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la producción y atraer capitales. También implica demostrar que el crecimiento de la minería puede desarrollarse sin comprometer los recursos hídricos ni dejar a las comunidades frente a impactos que no fueron evaluados de manera integral.