En sintonía con Argentina, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves, con 77 votos, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica.
La normativa, que generó un intenso debate político y social, fue cuestionada por movimientos indígenas que temen impactos ambientales y afectaciones al acceso al agua en distintos territorios del país.
Durante la sesión se expusieron argumentos a favor de reforzar la regulación minera, combatir la minería ilegal y atraer inversión para fortalecer la economía. Sin embargo, un artículo fue excluido del texto final al considerar varios legisladores que afectaba la entrega del 30% del superávit de las empresas públicas de generación eléctrica a la región amazónica.
Qué implica la nueva ley
La iniciativa apunta a mejorar el desempeño operativo de los sectores minero y energético mediante una regulación que, según el Gobierno, promueva ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del Estado.
En materia minera, el informe aprobado introduce reformas a la Ley de Minería para reforzar la rectoría estatal, precisar competencias institucionales y regular actos administrativos previos a la actividad extractiva. También actualiza el régimen de patentes y etapas de exploración y explotación, e incorpora un capítulo sobre fomento de la inversión y áreas de protección estratégica.
En el ámbito energético, se modifican disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida y autoabastecimiento, y establecer reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y organizaciones de la economía popular y solidaria.
Agua o extractivismo
Antes del debate, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) había advertido que la Asamblea debía decidir entre “el agua y el extractivismo”.
Para la organización, la ley “va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas”, al considerar que “reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples”, permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
Desde el oficialismo, el asambleísta Alejandro Lara defendió el proyecto: «Ambiente y empleo al mismo tiempo. No es elegir entre trabajo y naturaleza. Esta ley permite inversión con control ambiental y respeto a consultas populares», y sostuvo que lo que «destruye territorios es la ilegalidad, no la inversión responsable».
En la misma línea, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó tras la votación que el país avanza “camino a la formalidad, a la conservación, y a potenciar oportunidades en los dos sectores estratégicos”.
En contraste, el dirigente ambiental indígena y excandidato presidencial Yaku Pérez aseguró que la normativa implica “firmar la partida de defunción a la mega biodiversidad” de Ecuador y adelantó que buscarán frenar su entrada en vigencia mediante una medida cautelar ante la Justicia.
¿Por qué? Un punto polémico del proyecto permite ahora otorgar permisos de libre aprovechamiento y extracción de áridos y pétreos en Zonas de Aprovechamiento Sustentable fuera del Parque Nacional Galápagos..