En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza aprobó el paquete de leyes mineras impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo, que incluye la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino. Las iniciativas fueron giradas al Senado, que las tratará el 9 de diciembre.
Desde temprano, organizaciones sociales y asambleístas se manifestaron en la Peatonal Sarmiento en rechazo a los proyectos. Dentro del recinto, Cambia Mendoza aguardó la definición del peronismo y el debate comenzó pasadas las 12.30. Las primeras tres propuestas se aprobaron con rapidez, mientras que la discusión sobre PSJ Cobre Mendocino ocupó casi la mitad de la jornada.
Este último proyecto obtuvo 32 votos afirmativos y 13 negativos: 10 del interbloque del PJ, dos de La Unión Mendocina y uno del Partido Verde. Se trata del conocido Proyecto San Jorge, que en 2011 había sido rechazado de manera unánime. Con nuevos inversores y una reformulación técnica, prevé una inversión de 559 millones de dólares para la explotación de cobre en Uspallata (Las Heras).
Voces a favor y en contra en Diputados
El jefe del Interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas, aseguró que el oficialismo apuesta a una “Mendoza pujante e innovadora”, y destacó que la minería actual opera bajo reglas “claras, transparentes y con controles estrictos”. Cuestionó los hechos de 2011, cuando manifestantes ingresaron a la Legislatura: “Nos hicieron perder 14 años”.
Thomas sostuvo además que el desarrollo minero permitirá generar empleo privado en zonas con altos índices de pobreza, y que la provincia se alinea con la política nacional que considera a la minería uno de los motores económicos del país.
El jefe del bloque del PJ, Germán Gómez, argumentó que PSJ Cobre Mendocino “no cumplió totalmente” con los requisitos de la Ley 7722. También cuestionó que el oficialismo avanzara “sin consenso político”.
Aseguró que el peronismo está a favor de la minería, pero no de este proyecto en su formato actual. “Lo presentamos cuando fuimos gobierno y no supimos construir la agenda adecuada. Hoy algunos puntos están cumplidos parcialmente”, explicó al justificar el voto negativo del bloque.
Los primeros tres proyectos aprobados
Las tres primeras iniciativas se aprobaron por 39 votos a favor y 6 en contra:
- Creación del Fondo de Compensación Ambiental: crear una caja con fondos fiscales para remediar futuros desastres ambientales.
- Regulación de las regalías mineras: la iniciativa se adecua a la Ley Nacional Nº 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un máximo del 3% sobre el valor “boca mina” para la percepción de regalías
- Aprobación de 27 Declaraciones de Impacto Ambiental que integran el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II.
Los votos negativos provinieron de Valentina Morán, Roxana Escudero y José Luis Ramón (PJ); Jorge Difonso y Rolando Scanio (La Unión Mendocina); y Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde).
Repudio de organizaciones ambientalistas
Tras la media sanción, organizaciones ambientalistas como Greenpeace cuestionaron la aprobación del proyecto San Jorge y aseguraron que la decisión “desoye la voluntad de los mendocinos que están manifestando que sin agua, sin información suficiente y sin derechos garantizados, no hay proyecto viable”.
Según planteó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de la organización, recordó que la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú garantizan participación ciudadana efectiva, acceso a información adecuada y aplicación del principio precautorio. Afirmó además que la oposición de las comunidades de Uspallata se sustenta en la vulnerabilidad del sistema hídrico de montaña, del cual depende la provincia, que atraviesa más de una década de sequía.
En ese contexto, mencionó un informe reciente del CONICET Mendoza que señaló incertidumbres hídricas relevantes, pese a lo cual se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental. “Para una provincia árida como Mendoza, cuya vida depende de ese sistema, flexibilizar esa protección es una amenaza directa a su seguridad hídrica. Ningún proyecto puede llamarse desarrollo si nace en contra de su propia comunidad y vulnera derechos fundamentales. Sin licencia social, no hay legitimidad ni sostenibilidad posible”, concluyó la vocera.