La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales.
El MOCASE-VC señaló que la Dirección de Bosques de Santiago del Estero autorizó a una empresa agropecuaria a avanzar con las tareas. Previamente la misma comunidad había logrado frenar el avance de una topadora sobre su territorio ancestral.
La comunidad está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero y, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), a fines de agosto sus integrantes frenaron el ingreso de una topadora que comenzó a desmontar en uno de los últimos sectores de monte nativo que permanecen dentro del territorio comunitario.
De acuerdo con la organización, posteriormente se presentó una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a realizar el desmonte.
“Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo”, sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales.
Qué reclama la comunidad indígena de Santiago del Estero
La organización cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para autorizar el desmonte y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad indígena en el proceso.
“¿Por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?”, preguntó el MOCASE-VC.
Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización también afirmó que las topadoras están “custodiadas por personas armadas al mando de Rojas y la Valle, matones a sueldo”. Se trata de una acusación realizada por el MOCASE-VC, que no aporta en el post documentación sobre la identidad de esas personas ni sobre eventuales actuaciones judiciales vinculadas con el episodio.
La comunidad reclama que se frenen las autorizaciones otorgadas y que se revisen las decisiones que habilitaron el desmonte.
“Exigimos inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios”, señaló la organización.
El MOCASE-VC vinculó además el conflicto con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.