Corrientes quedó en el centro de una fuerte controversia ambiental luego de que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza calificara como un proceso de “ecocidio” al modelo de monocultivos forestales desarrollado en la provincia durante las últimas décadas.
La sentencia, presentada oficialmente el 27 de mayo de 2026, corresponde al 13° Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza realizado en Corrientes en noviembre de 2024. El fallo concluye que la expansión masiva de plantaciones industriales de pino y eucalipto provocó alteraciones profundas en ecosistemas naturales, afectando humedales, pastizales, cursos de agua y comunidades rurales.
Según el documento, actualmente existen más de 516.000 hectáreas forestadas con especies exóticas en la provincia, una superficie que se expandió gracias a políticas de promoción estatal, subsidios económicos y beneficios fiscales impulsados tanto a nivel nacional como provincial.
El Tribunal sostuvo que las autoridades permitieron el crecimiento del modelo forestal sin controles ambientales suficientes y sin prevenir los impactos ecológicos y sociales denunciados durante años por organizaciones ambientalistas, productores rurales y comunidades indígenas.
Monocultivos forestales en Corrientes: por qué el Tribunal habló de “ecocidio”
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue el cuestionamiento al concepto que equipara las plantaciones industriales con bosques nativos.
El fallo sostiene que los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la biodiversidad ni las funciones ecológicas de los ecosistemas naturales y los define como sistemas extractivos orientados principalmente a la producción de celulosa, papel y madera industrial.
El abogado ambientalista Enrique Viale, integrante del Tribunal, calificó a estas plantaciones como “desiertos verdes” y advirtió sobre las consecuencias ambientales que genera su expansión.
Durante las inspecciones realizadas en distintas zonas de Corrientes, los integrantes del Tribunal registraron una marcada reducción de fauna silvestre, pérdida de vegetación nativa y alteraciones en cursos de agua que históricamente caracterizaron a los humedales y pastizales correntinos.
La sentencia también menciona impactos sobre especies emblemáticas de la provincia, como el aguará guazú, el tordo amarillo y el yetapá de collar, cuya presencia se habría reducido por la transformación del paisaje y la sustitución de ecosistemas naturales por monocultivos industriales.
Humedales, acceso al agua y derechos de la naturaleza
Otro de los aspectos más relevantes del fallo fue el reconocimiento de los humedales y pastizales de Corrientes como sujetos de derechos.
Según la resolución, estos ecosistemas tienen derecho a existir, regenerarse y mantener sus procesos ecológicos esenciales, en línea con los principios internacionales que promueven los Derechos de la Naturaleza.
Durante el proceso participaron comunidades rurales, organizaciones ambientales y representantes de pueblos originarios que denunciaron consecuencias directas sobre sus territorios.
Integrantes de la comunidad guaraní Mboi Kua expusieron problemas vinculados a la reducción del acceso al agua, el deterioro de tierras productivas y la desaparición de especies nativas. También participaron referentes ambientales como Renata Nicora Chequin, integrante de Defensores del Pastizal, quien alertó sobre la profunda transformación ecológica que atraviesa la provincia.
El Tribunal también puso el foco en el modelo forestoindustrial que abastece a las industrias de celulosa, papel y madera, señalando que el aumento global de la demanda de estos productos ejerce una presión creciente sobre ecosistemas latinoamericanos.
Entre las principales recomendaciones de la sentencia figuran frenar la expansión de especies exóticas como pinos y eucaliptos, restaurar humedales degradados, impulsar modelos productivos compatibles con los ecosistemas nativos, garantizar el acceso al agua para las comunidades rurales y revisar las normativas que favorecieron el crecimiento del sector forestal.
Además, el fallo vincula el caso de Corrientes con conflictos similares registrados en Chile, Uruguay y Brasil, donde organizaciones sociales y ambientales denuncian desde hace años los efectos de los monocultivos forestales sobre los territorios rurales.
La activista chilena Jacqueline Arriagada sostuvo que el modelo forestal implementado en distintos países de Sudamérica provocó incendios, sequías, concentración de tierras y desplazamiento de comunidades enteras. En ese sentido, la sentencia concluye que la expansión de monocultivos industriales en América Latina constituye un patrón regional de degradación ambiental asociado a políticas de promoción extractiva y a intereses económicos de gran escala.