El Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza, lanzó el 22 de mayo “Gemelo Digital Social”, con una campaña que provocó repercusión en las redes: “Un cambio de paradigma en las políticas sociales con el uso de Inteligencia Artificial”. El objetivo, según lo publicado por el gobierno, es el de anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas. El medio Chequeado informa, “Un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos para modelar comportamientos y prever escenarios”. Pero un factor que destaca el mismo artículo es que el anuncio oficial no menciona si el sistema replica datos individuales de los argentinos, ni qué software se emplea.
El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un pedido de informe sobre este proyecto “que vulnera la privacidad y el cuidado de datos personales”. En el expediente 2380-D-2026 pidió “copias de los contratos, acuerdos o instrumentos suscriptos o en negociación con los proveedores de sistemas, indicando país de origen y antecedentes de contratación con otros gobiernos”. Al día de hoy, Paulón confirma que no ha tenido novedades al respecto.
En el ambiente tecnológico si bien existe cierta cautela porque no hubo un comunicado oficial, todo apunta a Palantir Technologies. La empresa de software estadounidense que desarrolla plataformas para el análisis masivo de datos, con el uso de IA causa polémica en el mundo, contratista de distintos organismos del gobierno de Estados Unidos, en especial en áreas de defensa, inteligencia y seguridad.
Entre los casos más resonantes en los que se utiliza, se encuentra el de Immigration and Customs Enforcement (ICE). La agencia de inmigración de Estados Unidos cuenta con una plataforma diseñada para la gestión de la identificación y deportación de inmigrantes. Javier Pallero, experto en políticas tecnológicas menciona en un artículo de la plataforma Substack: “Según la ACLU, el sistema cruza datos de Medicaid (un programa estatal que ofrece seguro médico gratuito a personas de bajos ingresos), registros financieros, domicilios, movimientos y bases de datos de otras agencias federales, incluyendo información de ciudadanos estadounidenses”. La intervención de Palantir en el sistema de salud público del Reino Unido también genera controversia en cuanto a la confidencialidad de los datos de los pacientes.
Tomás Pomar es el presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), una asociación civil dedicada a la investigación y el litigio estratégico en temas vinculados con los derechos digitales, la protección de datos personales y el desarrollo de una ciudadanía digital plena. Según cuenta, una parte importante de su trabajo consiste en analizar el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre las instituciones democráticas y los derechos fundamentales.
El especialista explica: “en informática, un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, un proceso o un sistema real que permanece sincronizada con su contraparte mediante la incorporación continua de información. No se trata simplemente de una base de datos, sino de un modelo que integra información proveniente de distintas fuentes para representar el funcionamiento de aquello que busca reflejar. Cuando esa lógica se aplica a una sociedad o a la gestión pública suele hablarse de un ‘gemelo digital social’: un sistema capaz de integrar información dispersa para obtener una visión unificada de personas, organizaciones o fenómenos sociales”.
Por lo tanto, el verdadero salto tecnológico no consiste en que el Estado tenga muchos datos, como podría pensarse en primera instancia. Eso ocurre desde hace décadas, dice Pomar. Lo que es novedoso es la capacidad de integrarlos, relacionarlos automáticamente y extraer inferencias que antes resultaban prácticamente imposibles. “El acceso a esas bases de datos, tanto desde lo técnico como lo jurídico, es un punto central en la definición de estas actividades”.
—Ahora bien, es importante distinguir los hechos de las especulaciones. Hasta donde llega la información pública disponible, no existe ningún elemento que permita afirmar que el Estado argentino haya contratado tecnología de Palantir para desarrollar un proyecto de estas características. Sí sabemos que, en Estados Unidos, distintas agencias utilizan plataformas de análisis que pueden integrar información proveniente de múltiples fuentes, dependiendo del organismo y del marco legal aplicable. En algunos casos eso incluye información de geolocalización obtenida de dispositivos móviles, además de registros administrativos y otras bases de datos.
El punto central de la empresa que procesa e integra grandes volúmenes de información (big data) es “la capacidad de relacionar automáticamente enormes volúmenes de datos para identificar patrones, vínculos o comportamientos”.
Protección de los datos personales
Desde la cuenta de Instagram @jurisconsultasok el abogado penal Sergio Cej comparte contenido legal, al Gemelo Digital Social le dedicó un espacio importante. En charla con Economía Sustentable, cuenta que existen herramientas concretas para proteger los datos.
—El artículo 43 de la Constitución Nacional establece la acción de habeas data, que permite a cualquier persona pedirle a la Justicia que un organismo informe qué datos tiene sobre ella, con qué finalidad los procesa y con quién los compartió. Además, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales da el derecho de acceso, rectificación y supresión de datos de forma directa y gratuita, sin necesidad de abogado, con un plazo de 30 días hábiles para la respuesta del organismo.
El abogado destaca un punto técnico, que la Ley 25.326 establece el principio de finalidad, “los datos recolectados para una función determinada no pueden reutilizarse libremente para otros objetivos sin una justificación legal compatible”. Explica que eso es lo que está en discusión con el Gemelo Digital Social:
—Los datos que se entregaron a ANSES o a un organismo de salud para un trámite puntual estarían siendo reutilizados con otra finalidad (entrenar modelos predictivos) sin que exista una ley específica que lo autorice.
Una vía disponible es interponer un amparo, pero solo cuando hay una afectación concreta y actual a un derecho, dice Sergio Cej.
—Pero en la actualidad sería difícil de plantear ya que el sistema todavía no tiene marco normativo público ni se sabe con precisión cómo opera. Distinto sería si una persona pierde un beneficio social por una decisión algorítmica de este sistema, ahí sí hay un caso concreto para accionar.
Lo central en este punto es la falta de información concreta. Está confirmado por el propio anuncio oficial, que se utilizará en ANSES, salud, educación, trabajo, migraciones y territorio. Se suma el uso de reconocimiento facial por parte de fuerzas de seguridad, de la misma familia tecnológica, comenta Cej y habla de una advertencia de especialistas, pero no de una confirmación gubernamental.
—El analista Ariel Garbarz alertó sobre la capacidad de este tipo de sistemas para integrar información sensible de múltiples organismos públicos y privados, señalando que plataformas de este tipo podrían conectar datos provenientes de DNI, ANSES, bancos, salud, educación, migraciones, telecomunicaciones y geolocalización. Es una advertencia técnica sobre el riesgo, no una confirmación de que ya esté ocurriendo con bancos o WhatsApp específicamente.
El abogado penal se refiere a las dimensiones posibles del Gemelo Digital y se centra en la prescriptiva, que es la que implica optimizar decisiones sobre personas.
—Esa cuarta dimensión es la que genera la pregunta de control: si una persona pierde un beneficio social por una decisión algorítmica, ¿cómo la impugna? ¿Quién le explica en base a qué fue excluida? Mientras no haya transparencia sobre los criterios y mecanismos de impugnación, técnicamente es un sistema con capacidad de control sobre el acceso a derechos, aunque el gobierno lo presente como herramienta de planificación.
La Fundación Vía Libre presentó un pedido formal de acceso a la información pidiendo precisiones sobre si existirán convenios de cesión de datos entre organismos estatales e integración de bases de datos privadas. En un texto de su autoría habla de la microsegmentación estatal con fines de control económico y social, como por ejemplo, cruzar datos para quitarle subsidios a una persona que los recibe, porque tuvo una ayuda económica de un familiar. También menciona el ejemplo de Países Bajos, que resguarda la soberanía de sus datos y le puso un frenó a la compra de una empresa local “para evitar que los datos sensibles de su población quedaran expuestos bajo el alcance legal de la ley U.S. CLOUD Act, la cual faculta a las agencias estadounidenses a incautar información guardada por firmas de su país”.
Lo admirable y lo extraño
Empresario y tecnólogo. Inversor de capital de riesgo y cofundador de PayPal, ex socio de Elon Musk. Visionario. Innovador. Así describen a Peter Thiel en medios internacionales. Nacido en 1967, de origen germano estadounidense y miembro destacado de la ultraderecha, este año llamó la atención en la Argentina por su reunión, el 23 de abril, con el mandatario Javier Milei —sin presencia periodística—, en Casa Rosada. El posible desembarco de Palantir Technologies en el país y la compra de una mansión en la zona lujosa de Barrio Parque aún causan cierto desconcierto en el ámbito del periodismo. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿En qué consiste el acuerdo del gobierno nacional con el magnate trumpista que no cree en la democracia?
A Tomás Pomar, le resulta admirable que Peter Thiel realmente cree en las ideas que defiende.
—Existe una coherencia muy marcada entre su pensamiento, las empresas que creó y las inversiones que realizó. Se puede coincidir o no con sus posiciones, pero difícilmente pueda decirse que adapta su discurso según la audiencia. Lo que más me llama la atención son, precisamente, esas ideas. Una forma de leer su pensamiento es como una reacción al ascenso tecnológico y geopolítico de China. Desde esa perspectiva, muchas de sus posiciones pueden entenderse como un intento de que Occidente recupere capacidades estratégicas en inteligencia artificial, defensa y procesamiento masivo de datos, aunque ese planteo aparezca revestido de una narrativa libertaria.
La tensión entre un discurso muy enfático sobre la libertad individual y el impulso a tecnologías que fortalecen la capacidad de acción tanto del Estado como de grandes actores privados es lo que le resulta más llamativo de su pensamiento a Pomar. Al magnate le suelen criticar su mesianismo tecnológico y una visión apocalíptica del futuro, que solo puede enfrentarse con el poder de las minorías que él mismo integra, sin recurrir a la democracia. La filtración de datos acerca de un retiro de millonarios al que asistirán más de 200 miembros de la élite mundial confirma las conjeturas sobre sus planes tecno-oligárquicos. El encuentro proyectado para agosto de Dialog —la sociedad secreta que Peter Thiel cofundó en 2006—, tendría mesas redondas para tratar temas variados, desde la creación de sectas hasta cómo prepararse para la Tercera Guerra Mundial. Para el presidente de ODIA, la mejor síntesis la hizo la serie animada South Park. Creo que estas discusiones corren el riesgo de quedar atrapadas en la fascinación por la novedad tecnológica.
—Hablamos de IA, gemelos digitales o big data como si fueran fenómenos nuevos, cuando en realidad forman parte de un proceso histórico mucho más amplio: la transformación de la infraestructura tecnológica sobre la que funcionan los Estados. Si no lo analizamos de esta manera, la conversación termina reducida a si habrá más o menos vigilancia. La pregunta de fondo es otra: ¿quién desarrolla estas tecnologías?, ¿bajo qué jurisdicción operan?, ¿quién controla la infraestructura donde se almacenan y procesan los datos?, ¿qué grado de autonomía conserva un Estado cuando sus capacidades más sensibles dependen de plataformas privadas extranjeras?
La soberanía informática va a convertirse en uno de los grandes debates institucionales de este siglo, afirma Pomar. Con un polémico decreto DNU 941/25 que reestructura el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), para permitir el soporte técnico de plataformas como Palantir. Más leyes como Super RIGI y de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, —ambas con media sanción— que eliminan límites a la ocupación estratégica de tierras en manos extranjeras y beneficia a capitales foráneos para la instalación de data centers y negocios de IA, organizaciones de derechos humanos reclaman que el panorama se muestra prometedor solo para unos pocos elegidos.