El conflicto por los territorios mapuche volvió a escalar en la provincia de Neuquén. Este miércoles comenzó un operativo de desalojo en territorios ocupados por las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas en el paraje Coihue-Brazo Huemul, sobre laRuta Nacional 40, entreVilla La Angostura y Bariloche.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron que el procedimiento se realizó sin garantías y cuestionaron al juez Bonorino y al gobierno provincial por el operativo. Según informaron, durante la jornada se logró desalojar una parte del territorio correspondiente al Lof Kinxikew, pero no se pudo concretar el procedimiento en el territorio del Lof Melo.
“Denunciamos el violento desalojo, ilegal, sin ninguna garantía. Responsabilizamos al juez Bonorino y al gobierno provincial de todo lo que suceda”, señalaron desde la organización.
Las comunidades también denunciaron que durante el último mes no pudieron acceder al expediente judicial y que llegaron al operativo sin conocer cómo iba a desarrollarse. Además, señalaron que la señal telefónica habría sido inhibida dentro del territorio.
Desde las primeras horas de este jueves, según denunciaron, continúa la presencia policial en la zona. “Desde las 6 AM hay movimientos y nos están rodeando los policías”, expresaron.
El pedido de las comunidades es concreto: que se retire el operativo policial y se conforme una mesa de diálogo. Noelia Huenumil, Inan longko del Lof Melo, le dijo a Economía Sustentable: “en este momento nosotros seguimos en resistencia en el territorio y vamos a permanecer en él porque es donde vivimos y estamos en estado de alerta”.
Por su parte, se está organizando una gran caravana de apoyo y resistencia al Lof Melo y Lof Kinxikew este sábado 22 de agosto a las 14 hs en Pedregoso. Las convocatorias son desde San Martin de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche, Villa Llanquin y Linea Sur.
Por qué no es un conflicto nuevo en Neuquén
El conflicto no es nuevo. Las comunidades habitan estos territorios desde hace generaciones. En el caso de la Lof Kinxikew, existen además antecedentes de reconocimiento estatal de esa presencia. En 2004, el Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció su preexistencia y, en 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoció la ocupación actual, tradicional y pública sobre parte del territorio.
Sin embargo, ese reconocimiento no se tradujo en un título de propiedad comunitaria. Las causas judiciales para avanzar sobre el territorio comenzaron en 2011 y el conflicto continuó durante los últimos años. La causa llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe resolver el recurso presentado por la comunidad.
En 2024, además, el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160, que durante casi dos décadas había suspendido los desalojos de comunidades indígenas y establecido mecanismos para relevar sus territorios.
Hoy, las comunidades aseguran que en el territorio viven más de 130 personas, entre ellas niñas, niños y adultos mayores. “Seguimos en el territorio que nos sustenta, en el cual viven más de 30 familias y más de 40 niñas y niños”, señalaron desde la Confederación Mapuche.
En qué contexto político se dan estos desalojos
Este desalojo ocurre en un momento muy particular. A semanas de aprobado el proyecto en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que buscaba modificar distintas leyes vinculadas a la propiedad privada, como la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, que finalmente quedaron afuera. La iniciativa proponía eliminar límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y reducir restricciones sobre el uso de terrenos afectados por incendios. Algunos hasta la llamaron Ley de Extranjerización.
Si bien, después de la movilización y de la falta de votos, el escenario cambió, el proyecto aprobado conserva otros puntos cuestionados que afectan el futuro de los pueblos originarios. Algunos de esos cambios son los desalojos exprés; obstáculos para declarar bienes y territorios de interés público; limitaciones a las expropiaciones cuando existe un interés colectivo. Y otras disposiciones que reducen herramientas del Estado para proteger el ambiente, los territorios y los derechos de las comunidades originarias.
Sin embargo, a ese proyecto aún le falta un recorrido legislativo para ser aprobado. Por eso, desde la Confederación afirman: “El poder político argentino ha decidido violar las leyes y convenios nacionales e internacionales que resguardan los derechos indígenas al sancionar leyes que protegen intereses de privados, empresarios, especuladores y corporaciones. Así optan por beneficiar una forma de vida extractivista que beneficia a los mismos de siempre y vulnera la vida de los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas y la de sus territorios”.
“Sabemos que nuestro territorio fue vendido con la gente adentro, así como lo escuchan. Ese es el nuevo negocio de las tierras para extranjerizarlas. Nuestra causa está muy manoseada. La verdad que el Juez Astor Bonorino, quien es propietario de una inmobiliaria en Buenos Aires, favorece mucho a este privado que está haciendo el reclamo de esta tierra. Esta persona es de origen belga y tiene tres lotes más de 625 hectáreas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Nosotros resguardamos el único brazo no contaminado de uno de los lagos más importantes de Argentina que el lago Nahuel Huapi y está en una zona periglaciar”, detalló a Economía Sustentable Noelia Huenumil.
Y sumó: “Entonces sabemos que vienen por esos recursos y es una tierra muy valiosa у muy rica sobre todo en recursos naturales. Vamos a permanecer en el territorio en resistencia no tenemos ninguna intención de dejar nuestra tierra porque acá está nuestra proyección de vida. Acá está el futuro de nuestras infancias. Nuestra permanencia en el territorio va a ser constante y para siempre”.