La central termoeléctrica Matheu III, operada por la firma SCC Power Argentina S.A., se encuentra dando sus últimos pasos como una instalación industrial que genera electricidad a partir de calor, quemando combustibles fósiles (gas natural, carbón o petróleo) o mediante fisión nuclear.
Lo que originalmente fue concebido como un activo estratégico para el sistema eléctrico nacional, hoy deja de existir, condicionado por fallos que habilitaron su funcionamiento de forma excepcional y un plan de desmantelamiento encarado por sus dueños.
Hasta ahora, la central era operada por SCC Power Argentina S.A, compañía integrada bajo el control de SCC Power San Pedro S.A., tras un proceso de reorganización societaria y fusión que consolidó sus activos a principios de 2025.
La firma controlante es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales y su origen en el mercado argentino se consolidó en mayo de 2022, cuando adquirió el negocio de Stoneway Capital Corporation, que incluía las cuatro centrales termoeléctricas de Matheu; Luján; Las Palmas y San Pedro.
La compañía es controlada por Stoneway Custody Statutory Trust y el beneficiario final de este fideicomiso es MSU Energy Holding Ltd., plataforma que agrupa las inversiones energéticas vinculadas a la familia Uribelarrea que también son los dueños también de MSU Energy, con fuerte presencia en el sector del agro y también en el de generación eléctrica.
A partir del año pasado, la empresa unificó sus operaciones en Argentina bajo SCC Power San Pedro S.A..
Análisis crítico
Se trata de la entidad que hoy actúa como el agente generador ante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y que también es la cara visible en las presentaciones ante el Juzgado Federal de Campana por la central de Matheu.
A mediados de este mes de mayo, el directorio de SCC Power San Pedro S.A. envió un comunicado a la Bolsa de Comercio para informar a los tenedores de sus Obligaciones Negociables (ON), sobre los resultados de un análisis técnico, operativo, regulatorio y económico integral de la central energética.
En el documento se explica que, desde la toma de control de la operación en el 2022, se fueron implementando medidas tendientes a eficientizar la estructura de costos, optimizar la operación y evaluar alternativas de mejora del desempeño del activo, incluyendo la puesta en marcha de planes mitigantes destinados a permitir el funcionamiento de la planta.
Sin embargo y tras estudiar el impacto de cada una de estas decisiones, el Directorio del grupo concluyó que el contrato de abastecimiento de energía eléctrica de la Central Térmica Matheu resulta estructural y económicamente inviable en su actual emplazamiento.
“Tal conclusión se fundamenta en las restricciones regulatorias y judiciales significativas, incluyendo clausuras administrativas y una acción ambiental en trámite ante la Justicia Federal con asiento en Campana con una medida cautelar, que han impedido y continúan impidiendo la operación normal, plena y permanente de la Central”, se aclara en la nota.
Se agrega que esa cautelar ha sido excepcionalmente flexibilizada mediante autorizaciones provisionales que, de todos modos, fueron otorgadas por plazos determinados y con restricciones en su alcance operativo, incluyendo limitaciones de horario y cantidad de turbinas.
De hecho, la última autorización judicial permitió la operación provisoria únicamente hasta el 5 de mayo pasado y fue otorgada en el marco de un esquema transitorio, vinculado a la ejecución de un plan de desmovilización requerido por el juzgado interviniente y por las autoridades municipales.
Falta de previsibilidad
En este contexto, y a la luz de la evolución del proceso judicial, los dueños de la central energética entienden que no existe posibilidad de obtener nuevas autorizaciones provisorias ni una solución estructural que habilite una continuidad operativa sostenible en el tiempo.
En estas condiciones, advierten que el contrato de Matheu “ha generado ingresos intermitentes e inciertos, mientras mantiene costos fijos relevantes, y a partir de la fecha indicada no se prevé la generación de flujos de fondos asociado al mismo, sin expectativa razonable de reversión”.
Adicionalmente, la nota enviada a la Bolsa asegura que el esquema operativo vigente ha posibilitado que la capacidad instalada de la Central Matheu contribuya al sistema eléctrico en situaciones específicas de necesidad operativa.
En consecuencia, reconocen que dicho esquema no ha generado las condiciones necesarias para el desarrollo de un marco regulatorio, legal y comercial que otorgue la previsibilidad requerida para sostener una operación regular y económicamente viable en el largo plazo de la Central Matheu, ya sea en su emplazamiento actual o mediante una eventual relocalización.
“En virtud de lo expuesto, y con el objetivo de preservar y maximizar el valor del activo, la sociedad ha decidido avanzar con la terminación del PPA Matheu, la cual fue efectivizada el día 20 de mayo de 2026”, se anuncia en el documento.
También se informa que esta decisión fue gestionada con CAMMESA sin la aplicación de penalidades asociadas por terminación anticipada, evitando la generación de costos y pasivos adicionales.
“La rescisión constituye el primer paso dentro de un proceso ordenado de toma de decisiones respecto del destino de los activos, en el marco del denominado Matheu Plan, comunicado por el management a partir de 2022”, agrega la misiva.
Plan de contingencia
Como consecuencia de esta decisión, el grupo comenzó a implementar distintas alternativas estratégicas destinadas a maximizar el valor residual y la liquidez de los activos de la Central.
Este proceso incluye la relocalización de los equipos en nuevos proyectos con viabilidad operativa, ya sea en el marco de potenciales futuras licitaciones públicas o mediante contratos privados de abastecimiento bajo la normativa vigente aplicable al mercado SPOT o MAT.
También se analiza la posibilidad de vender los equipos en el mercado internacional, en un contexto de elevada demanda global y plazos de fabricación y entrega extendidos.
Desde una perspectiva financiera, el informe señala que “la terminación del PPA Matheu permitirá detener la generación de pérdidas operativas recurrentes asociadas al activo, mitigar riesgos regulatorios y liberar activos estratégicos, habilitando la evaluación e implementación de alternativas con mayor potencial de generación de valor en el corto y mediano plazo”.
Se asegura además que la determinación de la sociedad “se encuentra alineada con el mejor interés de los bonistas y no afecta de manera adversa sus derechos ni sus intereses económicos bajo las obligaciones negociables vigentes”.
El conflicto de fondo
Más allá del informe del grupo propietario de la Central, la disputa legal se limita a las operaciones de esta planta, ubicada en Villa Rosa (en el límite entre los partidos de Pilar y Escobar), que ha sido objeto de una férrea resistencia vecinal desde su instalación.
En el 2016 y tras ser instalada la planta, la Asociación Civil JUVEVIR y el colectivo “1810 Vecinos Unidos por Pilar” comenzaron a liderado una batalla judicial durante más de 10 años, denunciando que la central opera en una zona residencial incompatible con actividades industriales de alta complejidad, citando riesgos por contaminación sonora, emisiones gaseosas y vibraciones.
En diciembre del 2020 y luego de algunos fallos favorables al grupo empresario, la Corte Suprema emitió un fallo histórico.
Con la firma de los ministros Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, el Tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara que permitía operar a las plantas.
En ese momento, se argumentó que la resolución anterior incurría en arbitrariedad al no considerar el “riesgo irreversible al ambiente” y omitir el “efecto acumulativo” de las centrales, y se ordenó dictar un nuevo pronunciamiento que evaluara el daño real.
Luego del fallo de la Corte, el Juzgado de Campana quedó con la responsabilidad de supervisar la situación, pero la emergencia energética nacional comenzó a pesar más en las resoluciones y la empresa comenzó a ser beneficiada por habilitaciones provisorias para el funcionamiento de dos turbinas, priorizando la necesidad de abastecimiento eléctrico.
Más tarde, en febrero de 2024, la Cámara Federal de San Martín revocó una prórroga solicitada por la empresa SCC Power, poniendo un freno a la operación, pero en diciembre del mismo año, un nuevo giro judicial vuelve a permitir la operación excepcional de tres turbinas por el verano, bajo el argumento de evitar cortes en el AMBA durante la temporada alta.
En marzo de 2025, SCC Power presentó formalmente un plan de desmantelamiento en tres etapas que, si bien marcaba el camino hacia el cierre de la Central, el cronograma se mantuvo sujeto a los permisos trimestrales del Juzgado de Campana.
Factor sistémico
Es decir, la realidad operativa mostró que el establecimiento continuó operando bajo autorizaciones temporales hasta febrero pasado, cuando se le extendió nuevamente el permiso operativo.
Esta decisión judicial generó un nuevo rechazo de las agrupaciones vecinales, que cuestionaron la falta de estudios ambientales actualizados y la ausencia de una proyección real sobre la demanda energética que justifique mantener abierta la planta.
El factor determinante para esa continuidad de la central no es contractual, sino sistémico y estuvo siempre vinculado a la emergencia energética declarada por el gobierno nacional, que ha sido el argumento central para mantener la planta activa hasta ahora.
En el mercado, entienden que el cierre definitivo que se acaba de anunciar es un evento de alta sensibilidad, ya que se encuentra en el centro de un “tironeo” entre la seguridad operativa del sistema eléctrico y la protección del entorno urbano.
Desde una perspectiva técnica, el cierre no es una decisión aislada y su importancia radica en el impacto sobre la red de alta tensión.
La planta inyectaba energía directamente en el nodo de 220 kV de Matheu, una de las zonas de mayor consumo industrial y residencial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Su funcionamiento ayudaba a sostener los niveles de tensión en las redes de distribución de Edenor y se especula que sin la generación local de Matheu, el flujo de energía deberá provenir de distancias mayores, lo que incrementará las pérdidas por transporte y debilitará la calidad del suministro en horas pico.
Sin consecuencias jurídicas
Además, se advierte que, ante una falla o salida de servicio de otras instalaciones (como líneas de transmisión principales o grandes centrales), la rápida entrada en carga de las turbinas de Matheu funcionaba como un “respaldo” que ayudaba a evitar cortes de luz masivos.
Por otra parte, el cierre de la central también es observado de cerca por el sector jurídico y el empresarial porque sienta jurisprudencia.
Pero con la decisión tomada por los propios accionistas de la Central se evitaron las consecuencias jurídicas que habría causado un fallo para forzar el final de las operaciones de una planta que el propio Estado (a través de CAMMESA) reconoce como “necesaria” para la estabilidad eléctrica.
Es decir, el sistema judicial evitó tener que priorizar el bienestar ambiental y el derecho de los vecinos por encima de la “seguridad de abastecimiento”.
Por otro lado, un cierre forzoso y sin plan de transición coordinado entre la empresa y el Gobierno, hubiese enviado una señal de incertidumbre a los inversores del sector energético sobre la seguridad jurídica de sus activos en el país.
En tanto, para la comunidad de Villa Rosa y Pilar, el cierre representa la victoria final en una batalla de una década e implica no solo apagar turbinas, sino la remediación del suelo y el cese de las vibraciones y el ruido, que han sido el foco de las denuncias de salud pública y depreciación de propiedades.
¿Hay riesgo de cortes?
En este sentido, se asegura que el proceso de desmantelamiento de la planta es extremadamente costoso y se advierte que la empresa debe garantizar la logística de traslado de maquinaria pesada y la desvinculación contractual, lo que convierte al cierre en una operación financiera compleja, más allá de la cuestión operativa.
Para el propio Estado nacional, la importante del final de esta Central radica en que forzará a las autoridades nacionales a demostrar si ha logrado mejorar la red de transporte eléctrico para que, finalmente, la planta de Matheu deje de ser “indispensable”.
Pero, si se producen cortes en la zona, la responsabilidad política recaerá sobre la Secretaría de Energía y CAMMESA por no haber planificado la infraestructura necesaria.
Más que nada si se tiene en cuenta que los informes técnicos oficiales ya han advertido reiteradamente sobre posibles interrupciones en el suministro para el norte del AMBA si la central se desactiva de forma definitiva sin un reemplazo claro.
De hecho, fue esa la premisa a partir de la cual el Juzgado Federal de Campana vino otorgando sucesivas prórrogas, muchas veces trimestrales, que permitieron a la firma operar con un número limitado de turbinas (generalmente dos de las cuatro disponibles) y en franjas horarias restringidas, de 9 a 21 horas.
Ahora y tras la decisión tomada por la empresa, la pregunta que subyace en el sector es qué ocurre con los contratos de abastecimiento, llamados PPA, por sus siglas en inglés.
En el sector energético, se asegura que este mecanismo legal fue el motor que impulsó la construcción de estas centrales hace casi una década. Sin embargo, para Matheu III, la vigencia del PPA ha quedado eclipsada por la cuestión judicial y ambiental.