El manejo de un predio público ubicado en la ciudad de Funes volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe ratificara que nunca autorizó el uso de los terrenos de la presa de retención del arroyo Ludueña para la disposición de residuos y confirmara que amplió una denuncia penal por los hechos detectados en el lugar.
La información surge de una respuesta oficial enviada al Concejo Municipal de Funes el pasado 28 de mayo de 2026. En el documento, la cartera ambiental sostiene que ni la Municipalidad ni operadores privados cuentan con autorización para utilizar el predio como sitio de disposición final de residuos.
Además, el organismo provincial afirmó que no existen antecedentes de trámites, proyectos ni presentaciones formales que hayan solicitado habilitación para desarrollar esa actividad, por lo que cualquier utilización del terreno con ese fin se habría realizado al margen de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Investigación por residuos en la presa del arroyo Ludueña
Según el informe, los terrenos fueron expropiados originalmente para la construcción de la presa de retención del arroyo Ludueña y posteriormente cedidos a la Municipalidad de Funes para el uso y disfrute de la comunidad.
Sin embargo, las actuaciones realizadas por las áreas técnicas provinciales habrían detectado durante años una situación diferente. De acuerdo con la documentación oficial, se constató la disposición no autorizada de residuos de diversa naturaleza, la circulación de camiones vinculados al municipio, la quema clandestina de desechos y movimientos de maquinaria perteneciente a operadores privados que no contaban con habilitación.
El Ministerio indicó además que estas irregularidades no son recientes. Los antecedentes se remontan al menos a 2019 y dieron origen a distintos procedimientos administrativos sancionatorios impulsados por las autoridades ambientales.
Denuncia penal y presuntas infracciones ambientales en Funes
La situación escaló en junio de 2025, cuando la Secretaría de Ambiente remitió los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación para que se investigaran posibles responsabilidades penales.
Lejos de cerrarse, el expediente sumó nuevos elementos este año. Según informó la Provincia, el 30 de marzo de 2026 el ministro de Ambiente amplió formalmente la denuncia penal, incorporando nuevos hechos detectados en el predio y ratificando las actuaciones ya presentadas ante la Justicia.
De esta manera, el Gobierno provincial sostiene que nunca existió autorización para utilizar el lugar como basural y que durante años se desarrollaron actividades incompatibles con la finalidad original del predio y con la legislación ambiental vigente.
La causa ahora avanza en el ámbito judicial, donde se deberá determinar el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades derivadas de las actividades detectadas en el terreno.