En medio de la disputa por la Ley Nacional de Tierras, el Gobierno de La Pampa presentó un proyecto para establecer restricciones propias a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros.
La iniciativa, enviada por el gobernador Sergio Ziliotto a la Legislatura provincial, busca proteger recursos naturales estratégicos y limitar la concentración de tierras, mientras la Justicia mantiene suspendida provisoriamente la derogación de la normativa nacional.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la prohibición de vender a extranjeros predios rurales que contengan o colinden directamente con ríos, acuíferos, lagunas, humedales, bosques nativos y áreas naturales protegidas.
El proyecto también impide que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir la titularidad de inmuebles rurales en cualquier punto del territorio pampeano.
La iniciativa fue presentada en el contexto de la controversia por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que derogó la Ley Nacional 26.737, encargada de establecer límites a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, el escenario cambió el 9 de octubre, cuando la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos de ese artículo y restableció temporalmente las restricciones previstas en la legislación nacional.
Qué límites establece La Pampa para la compra de tierras por extranjeros
Para los terrenos que no estén comprendidos en las prohibiciones absolutas, el proyecto propone establecer límites de superficie según las características productivas del suelo.
La iniciativa toma como referencia las Unidades Económicas Agrarias, contempladas en la Ley Provincial 468, para determinar cuántas hectáreas pueden adquirir personas físicas o jurídicas extranjeras.
De acuerdo con este criterio, los límites máximos oscilarían entre 1.000 y 20.000 hectáreas, dependiendo de las condiciones agrológicas de cada región.
Además, establece que la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras no podrá superar el 15% de la superficie total de la provincia ni de cada uno de sus departamentos.
Dentro de ese porcentaje, ninguna nacionalidad podrá concentrar más del 30% del cupo permitido.
Estas restricciones buscan evitar la concentración territorial, especialmente en departamentos donde se encuentran acuíferos subterráneos y otros recursos naturales considerados estratégicos.
Qué excepciones contempla el proyecto
La propuesta también incluye excepciones para extranjeros que acrediten vínculos de residencia y arraigo en Argentina.
Quedarían exceptuadas de los límites de superficie las personas extranjeras que demuestren al menos diez años de residencia continua en el país.
Ese plazo se reduciría a cinco años para quienes tengan hijos argentinos o mantengan un vínculo matrimonial o convivencial con ciudadanos nacionales.
Por otra parte, el texto contempla un régimen especial para extranjeros que obtengan la ciudadanía mediante inversiones, siempre que acrediten dos años de residencia.
Qué pasa con la Ley de Tierras en Argentina
El proyecto impulsado por Ziliotto se presentó mientras continuaba la discusión judicial sobre la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
La normativa nacional establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones específicas para determinadas superficies y zonas.
Su derogación mediante el DNU 70/2023 generó distintas presentaciones judiciales, entre ellas las impulsadas por organizaciones ambientales y comunidades indígenas que cuestionaron los posibles efectos de la eliminación de esos límites sobre el ambiente y los recursos naturales.
El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del decreto, en respuesta a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes.
La decisión restableció temporalmente las restricciones de la Ley de Tierras hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los actores y examine el pedido cautelar. El máximo tribunal todavía no resolvió si la derogación es constitucional.
Posteriormente, el Gobierno nacional decidió retroceder con la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en medio de las negociaciones parlamentarias por el DNU 70/2023.
En este nuevo escenario, la propuesta de La Pampa mantiene su relevancia porque busca establecer un régimen provincial propio, con restricciones específicas para los terrenos vinculados con recursos naturales estratégicos.
El Gobierno pampeano fundamenta su iniciativa en las facultades que conservan las provincias y en el dominio originario que ejercen sobre sus recursos naturales, reconocido por los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
“Nos corresponde defender nuestra soberanía y proteger nuestros recursos estratégicos”, sostuvo Ziliotto al justificar el proyecto.