La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo judicial por el avance de los proyectos petroleros en el Atlántico Sur. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) analizará el 10 y el 11 de noviembre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el Reino Unido para frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
Las audiencias se realizarán en la sede del organismo, en Hamburgo, Alemania, y serán públicas. La fecha fue establecida mediante una orden del presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, según informó la institución en un comunicado.
La presentación argentina busca que se suspendan las actividades petroleras mientras continúa la controversia internacional por la soberanía de las islas y los espacios marítimos circundantes. El planteo apunta a evitar que los proyectos avancen antes de que se resuelva la disputa jurídica.
La solicitud fue presentada el 13 de octubre por el gobierno de Javier Milei, en el marco del conflicto con el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales de la zona. La iniciativa pone el foco en las inversiones hidrocarburíferas que avanzan sobre un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
Sea Lion amenaza con acelerar la explotación petrolera en Malvinas
Uno de los principales focos de la controversia es el yacimiento Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Ambas empresas anunciaron que prevén comenzar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028, un horizonte que agrega presión sobre el reclamo argentino.
El desarrollo del proyecto representa un avance de la actividad hidrocarburífera en una zona disputada, con posibles consecuencias económicas y políticas a largo plazo. La explotación de esos recursos permitiría a las empresas involucradas desarrollar un negocio petrolero en aguas cuya soberanía la Argentina considera propia.
El conflicto también expone los intereses comerciales que rodean a la actividad. Las inversiones necesarias para desarrollar los yacimientos, la infraestructura logística y las operaciones vinculadas con la extracción forman parte de una industria que busca convertir los recursos del Atlántico Sur en producción y ganancias.
A la controversia se suma el papel de Chile en la logística del sector. Desde Punta Arenas, empresas privadas brindan apoyo a operaciones relacionadas con los proyectos hidrocarburíferos. Esta participación agrega otro componente regional a una disputa que excede el vínculo bilateral entre Buenos Aires y Londres.
Para el Gobierno argentino, el avance de las inversiones representa un desafío para su reclamo de soberanía. La posibilidad de que los proyectos entren en fase de producción también plantea el riesgo de que la actividad económica se consolide antes de que exista una resolución sobre la controversia.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar sobre el reclamo argentino
La Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en virtud del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Esa disposición contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral encargado de tratar la controversia.
Las audiencias de noviembre serán una instancia para que las partes expongan sus argumentos. Luego, el organismo deberá evaluar si corresponde conceder las medidas solicitadas por Buenos Aires, que buscan frenar las actividades hidrocarburíferas mientras se tramita el caso.
La decisión será relevante para determinar si el pedido argentino obtiene una respuesta judicial que permita limitar temporalmente el avance de los proyectos. Sin embargo, las audiencias no implican por sí mismas una resolución definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.