El avance en el Senado de un proyecto de ley que propone incorporar el “ecocidio” como delito penal generó una fuerte reacción del sector agroindustrial. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) manifestó su preocupación por la iniciativa y alertó que su redacción actual podría exponer a productores, empresarios y distintas actividades económicas a sanciones penales por denuncias vinculadas a impactos ambientales.
La propuesta, impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi, obtuvo dictamen de mayoría en dos comisiones de la Cámara Alta con el respaldo inicial de legisladores de La Libertad Avanza. Sin embargo, tras los cuestionamientos del sector privado, el bloque oficialista decidió retirar sus firmas y dar marcha atrás con su apoyo.
En ese contexto, el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, cuestionó la falta de instancias de diálogo antes del tratamiento del proyecto y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la producción nacional.
Según explicó en diálogo con el programa Rivadavia Agro, de Radio Rivadavia, la iniciativa avanzó sin consultas previas con los sectores involucrados.
¿Qué plantea la Ley de Ecocidio y por qué preocupa al sector agroindustrial?
Para el titular del CAA, la principal preocupación radica en el alcance que tendría la figura penal propuesta, ya que considera que cualquier actividad productiva con una denuncia por presunto impacto ambiental podría derivar en responsabilidades penales.
“Una aplicación fitosanitaria, mal aplicada o que tenga una denuncia, una actividad pesquera, forestal, portuaria o cualquier actividad que pudiera tener algún tipo de denuncia porque tiene impacto ambiental, podría terminar en prisión”, aseveró Idígoras.
Desde la entidad sostienen que la redacción del proyecto genera incertidumbre jurídica para sectores clave de la economía y podría afectar el normal desarrollo de distintas actividades productivas.
Consejo Agroindustrial Argentino busca frenar el proyecto de Ley de Ecocidio
Frente al avance de la iniciativa, el Consejo Agroindustrial Argentino comenzó gestiones con legisladores nacionales para intentar impedir que el proyecto continúe su tratamiento parlamentario.
Idígoras aseguró que la entidad ya abrió un canal de diálogo con distintos senadores con el objetivo de que la propuesta sea archivada.
El dirigente afirmó que el proyecto, en su estado actual, “no tiene ningún sentido” y reiteró que el sector reclama un debate más amplio que contemple la opinión de las actividades productivas antes de avanzar con una legislación de este alcance.