El 4 de febrero pasado se inició en Rosario un juicio que marcará un antes y un después en el mundo del agronegocio. Sabrina Ortiz, una vecina de la localidad bonaerense de Pergamino, región nuclear del modelo sojero, denunció a funcionarios municipales y productores locales por contaminar el ambiente y la salud fumigando con agroquímicos sobre las casas y la escuela del barrio. Tras un proceso judicial que incluyó más de un centenar de testimonios, pruebas de la presencia de sustancias contaminantes en los suelos y aguas subterráneas y hasta una recorrida por el territorio por parte del tribunal, el 27 de mayo comienzan los alegatos finales y se espera la sentencia para mediados de junio.
“En el juicio se probó la presencia de agrotóxicos y el tremendo daño que hacen en el ambiente y en la salud de la gente”, dijo Ortiz en diálogo con Economía Sustentable. Los imputados son siete productores, por el delito de contaminación en virtud de la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) y dos ex funcionarios por incumplimiento de sus deberes de control como funcionarios públicos. Habrían pulverizado al costado del núcleo urbano con sustancias cuya toxicidad fue objeto de controversias y restricciones regulatorias en distintos países, como el glifosato. En 2015 fue categorizado por la IARC, una agencia internacional especializada en cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, como “probablemente carcinógeno humano”.
Además, según explicó a Economia Sustentable el abogado querellante en la causa Fernando Cabaleiro, y también titular de la ONG Naturaleza de Derechos, los análisis detectaron la presencia de otros herbicidas cuestionados como 2,4-D, atrazina y metolaclor; insecticidas como imidacloprid; y fungicidas del grupo de los triazoles. Estas sustancias son altamente peligrosas y traen riesgos asociados al cáncer y alteraciones genéticas, explicó el letrado, especialmente en contextos de exposición crónica vinculados al consumo cotidiano del agua contaminada.
El veneno en el cuerpo
La exposición crónica al veneno marcó el rumbo de la vida Ortiz. Hace más de 15 años que denuncia graves problemas de salud vinculados a las fumigaciones realizadas en la periferia de Pergamino, frente a su casa. La principal alarma se encendió en 2011, cuando perdió un embarazo de manera repentina.
En ese momento comenzó a identificar un patrón en la relación veneno-enfermedad: cada vez que pasaban los “mosquitos”—las máquinas utilizadas para fumigar— por la puerta de su vivienda aparecían nuevos síntomas en su salud y en la de su familia. Sus hijos comenzaron a presentar recurrentes problemas respiratorios y erupciones en la piel. Luego, los estudios médicos comprobaron lo que ella sospechaba: tenían glifosato en el cuerpo y había daño genético.
“Los testimonios de las vecinas que también son madres como yo y que viven en los barrios fumigados, dejan claro que no es un tema mío particular, ellas y sus hijos, como toda la comunidad, fueron víctimas”, afirmó Ortiz.
Lo que sí resulta particular fue el modo en que los agrotóxicos marcaron su rumbo personal y profesional: Ortiz no solo participa de movimientos sociales contra las fumigaciones, sino que decidió estudiar derecho para poder enjuiciar a los responsables. Tras años de lucha en el 2014 consiguió que el Consejo Deliberante de Pergamino regulara la aplicación de agroquímicos en el partido. Sin embargo, Ortiz califica a la Ordenanza 8126/14 “hecha al molde de los intereses del agronegocio” porque estipulaba una zona de exclusión de las fumigaciones de tan solo 100 metros respecto del límite urbano, muy por debajo de la recomendada por los especialistas. Sin conformarse con esa medida y recién recibida de abogada, en 2018 llevó la denuncia a la Justicia Federal. Allí, se inició “una investigación como nunca antes se habia hecho” que esta semana, tras ocho años de proceso, llega a su recta final.
El veneno en el agua
Un relevamiento realizado por el Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del INTA y por investigadores del CONICET en el 2011, reveló una elevada concentración de plaguicidacidas en peces de la cuenca del río Pergamino. Según la investigación, publicada en la revista científica Chemosphere, ocho de cada diez peces poseían veneno en su cuerpo y presentaban impactos negativos claros en su salud. Según advirtieron los especialistas, varios de los plaguicidas detectados no deberían estar presentes en el agua bajo ninguna circunstancia por su alta toxicidad para la salud humana y la fauna.
En abril del 2019, un informe solicitado por la Corte Suprema de Justicia confirmó la presencia de 18 tipos de agroquímicos en el agua de Pergamino. En septiembre de ese mismo año, en base a los índices de genotoxicidad que determinaron potenciales daños genéticos en las personas, el El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó suspender la aplicación de agroquímicos y fijó una distancia de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas respecto de las zonas urbanas. “1095 metros no es un número arbitrario, está basado en un trabajo científico que indica que por debajo de esa distancia aumenta el riesgo de daño genético”, explicó el abogado Cabaleiro.
Además, en el marco de la causa judicial, señaló el letrado, se hicieron muestras de agua que detectaron la presencia de glifosato y otros agentes genotóxicos en las aguas subterráneas y “hasta en los suelos de las viviendas de los propios imputados”. Junto a ello se incluyó un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concluyó que el agua analizada en barrios de Pergamino “no resulta apta para consumo humano”.
Juicio histórico al agronegocio
Vecinos de los barrios fumigados y organizaciones sociales consideran que el juicio constituye un hecho histórico ya que por primera vez la justicia penal avanza sobre denuncias por fumigaciones con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires. “Todas las denuncias que se realizaron en la provincia sobre este tipo de casos por lo general son cajoneadas o se considera de que se trata de meras faltas administrativas, cuando claramente es un delito”, sostuvo Cabaleiro.
Pero otro hecho que lo torna histórico es que el tribunal aceptó por unanimidad recorrer el territorio fumigado para hacer una inspección ocular el pasado 3 de mayo. Los jueces caminaron por las calles del barrio y fueron hasta la casa de Ortiz y de otros testigos. Pasaron por donde estaba el establecimiento educativo y pudieron observar la proximidad de los lugares con los campos fumigados. Esa experiencia, sostiene el abogado, fue importante porque el tribunal “pudo sentir el territorio”. Pudo sentir, aunque sea por unas horas, lo que Sabrina Ortiz y los vecinos sienten todos los días en sus cuerpos, en sus casas, en sus suelos y sus aguas.