La contaminación industrial sigue dejando consecuencias en Abra Pampa, Jujuy, donde cientos de familias esperan respuestas por los daños provocados por la antigua fundidora Metal Huasi. A más de dos décadas del abandono de miles de toneladas de residuos tóxicos en el medio de la localidad, la contaminación con plomo en Abra Pampa vuelve a quedar en el centro del reclamo de los vecinos, que exigen una reparación ambiental, sanitaria y económica.
En el marco de las recientes movilizaciones frente al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, la diputada provincial Natalia Morales, integrante del bloque PTS-FIT-U y de la Comisión de Ambiente, denunció la falta de respuestas judiciales y estatales frente a uno de los casos de contaminación industrial más graves de la región.
La legisladora sostuvo que la situación constituye un “crimen social y de Estado” y cuestionó tanto a la empresa responsable de la antigua actividad industrial como a los gobiernos que, según denunció, no garantizaron los controles necesarios ni una remediación ambiental efectiva.
“Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Abra Pampa no es un descuido ni una catástrofe natural: es un crimen social y de Estado. Hubo una empresa patronal que amasó ganancias envenenando a todo un pueblo y una sucesión de gobiernos que miraron para otro lado, garantizando la impunidad patronal y siendo responsables también del envenenamiento de su población”, afirmó Morales.
La diputada también recordó que, según los antecedentes sanitarios mencionados en su denuncia, más del 80% de la población infantil evaluada en su momento presentó niveles neurotóxicos de plomo en sangre. Se trata de un antecedente que dimensiona el impacto sanitario de la contaminación y la necesidad de contar con información actualizada sobre las personas afectadas.
Contaminación con plomo en Abra Pampa y una remediación ambiental inconclusa
El conflicto tiene su origen en el abandono de más de 7.000 toneladas de escoria y residuos tóxicos de la ex fundidora Metal Huasi, que permanecieron a cielo abierto dentro del área urbana de Abra Pampa.
A pesar del tiempo transcurrido, 457 pobladores continúan esperando una resolución firme de la causa judicial por daños y perjuicios. Según Morales, existen fallos previos que reconocen la responsabilidad del Estado por omisión de controles, pero la sentencia que contempla la indemnización de las familias demandantes lleva años sin una resolución definitiva de la Corte provincial.
La legisladora también cuestionó el alcance de las tareas de remediación ambiental realizadas hasta el momento y advirtió sobre la persistencia de residuos contaminantes en el territorio.
“Existen fallos previos que reconocen la responsabilidad estatal por omisión de control, la sentencia firme para indemnizar a las 457 familias demandantes lleve años encajonada en la Corte provincial. Mientras tanto, la supuesta remediación ambiental quedó a medias, el viento sigue desparramando polvo contaminante y el Estado le da la espalda a las víctimas, obligándolas a pagar de su propio bolsillo los tratamientos médicos”, sostuvo.
El problema no se limita a la presencia de residuos industriales. La exposición al plomo puede provocar daños en el sistema nervioso y afectar especialmente el desarrollo infantil. Por eso, la falta de monitoreos periódicos y de atención sanitaria adecuada representa otra de las preocupaciones planteadas por la comunidad.
En este escenario, el reclamo apunta a conocer cuál es el estado actual de los suelos, qué niveles de contaminación persisten y qué medidas se implementaron para proteger a la población.
Reclaman una auditoría ambiental y sanitaria independiente en Jujuy
Frente a la falta de respuestas, Morales reclamó la conformación de una comisión investigadora independiente del Gobierno provincial, integrada por especialistas, profesionales universitarios, trabajadores de la salud y representantes de las familias afectadas.
El objetivo sería realizar una auditoría ambiental y sanitaria que permita determinar el alcance actual de la contaminación, evaluar las condiciones del suelo y del agua y conocer las consecuencias acumuladas de la exposición al plomo en la población.
“No podemos seguir confiando las auditorías a los mismos organismos oficiales que encubrieron este desastre. Exigimos una investigación y auditoría ambiental y sanitaria independiente, integrada por profesionales universitarios, especialistas, profesionales de la salud y representantes directos de las familias de Abra Pampa. Solo así sabremos el estado real del suelo, la calidad del agua y el impacto acumulativo de la plumbemia en la población”, manifestó.
En paralelo, el bloque legislativo del PTS-FIT-U presentó un pedido de informes para exigir información oficial sobre la situación ambiental y sanitaria de Abra Pampa. Entre los principales puntos se encuentran:
- Monitoreos de plomo en sangre: cantidad de análisis realizados a la población durante los últimos cinco años, con especial atención a niños y niñas, y resultados de los niveles de intoxicación detectados.
- Cobertura médica: programas de salud, tratamientos de quelación, asistencia neurológica y atención psicológica disponibles para las personas afectadas.
- Estado de la remediación del suelo: informes técnicos de la Secretaría de Calidad Ambiental sobre el predio de la ex fundidora y las zonas urbanas cercanas donde se depositaron residuos, incluyendo los niveles actuales de contaminación.
- Presupuesto para la remediación: montos ejecutados y previstos para las tareas de recuperación ambiental y el destino de los fondos asignados.
El pedido busca determinar qué medidas adoptó el Estado, cuánto dinero destinó a resolver el problema y cuáles son las tareas que todavía permanecen pendientes.
Desde la Legislatura, Morales también reclamó una resolución judicial para las 457 familias, la reparación económica correspondiente, la recuperación de los suelos contaminados y la implementación de un plan integral de salud.
“Desde nuestra banca en la Legislatura apoyamos incondicionalmente la lucha de la comunidad de Abra Pampa. Exigimos la firma inmediata del fallo judicial, la reparación económica para las 457 familias, la remediación real de los suelos y un plan de salud integral. La única forma de frenar el avasallamiento de los gobiernos y las mineras sobre nuestros territorios y nuestras vidas es con la organización y la movilización en las calles”, concluyó la diputada.