Mientras gran parte del mundo discute cómo regular el avance de la inteligencia artificial y limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas, Argentina acaba de avanzar en sentido contrario.
Con 130 votos afirmativos y 106 negativos, la Cámara de Diputados dio media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que ahora deberá debatirse en el Senado.
Desde el oficialismo sostienen que permitirá atraer inversiones millonarias, generar empleo y posicionar al país como un polo tecnológico regional. Sin embargo, organizaciones ambientales, especialistas en desarrollo y referentes de la sociedad civil advierten que el proyecto consolida un esquema de desregulación sin precedentes para grandes corporaciones.
Para Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, el proyecto constituye “un cheque en blanco con una delegación inconstitucional de facultades que garantiza un marco de impunidad fiscal, energética y legal para grandes empresas”.
Beneficios durante tres décadas
El nuevo régimen está dirigido a inversiones superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a actividades que hoy no existen en el país o que todavía se encuentran en etapas experimentales.
Entre ellas aparecen los centros de datos para inteligencia artificial, la infraestructura digital estratégica, el desarrollo de vehículos eléctricos y otras industrias tecnológicas de gran escala.
A cambio, el Estado ofrece beneficios extraordinarios durante hasta 30 años.
Las empresas accederán a estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria, pagarán una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, tendrán arancel cero para importar maquinaria e insumos y retenciones cero para exportar.
Además, el proyecto elimina una de las condiciones que establecía el RIGI original: la obligación de contratar proveedores nacionales cuando existiera oferta competitiva, una modificación que despertó preocupación tanto en industrias locales como en gobiernos provinciales.
La otra cara de la inteligencia artificial: millones de litros de agua
Detrás del discurso de innovación aparece uno de los aspectos menos discutidos del proyecto: el enorme consumo de agua que requieren los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial.
Estas instalaciones funcionan las 24 horas del día y albergan miles de servidores que generan temperaturas extremadamente altas. Para evitar el sobrecalentamiento necesitan complejos sistemas de refrigeración que demandan grandes cantidades de agua además de un suministro eléctrico permanente.
La magnitud del consumo ya preocupa a nivel mundial. Un estudio de investigadores de la Universidad de California Riverside y la Universidad de Texas estimó que una conversación de entre 20 y 50 preguntas con un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT puede consumir aproximadamente medio litro de agua, considerando la refrigeración necesaria en los centros de datos.
El impacto es todavía mayor durante el entrenamiento de estos modelos, que puede requerir millones de litros de agua dependiendo del tamaño del sistema y del lugar donde se encuentre el centro de datos.
Los propios balances de las grandes empresas tecnológicas muestran esa tendencia. Microsoft informó que su consumo de agua aumentó un 34% en un solo año, mientras que Google registró un incremento cercano al 20%, crecimiento que ambas compañías atribuyeron al desarrollo de infraestructura destinada a inteligencia artificial.
En distintas regiones del mundo, desde España hasta Chile, México, Uruguay y Estados Unidos, la instalación de nuevos centros de datos ya genera conflictos por el uso del agua en zonas donde el recurso comienza a ser cada vez más escaso.
¿Quién tendrá prioridad cuando falte el agua?
Ese es precisamente uno de los principales cuestionamientos de organizaciones ambientales.
Desde la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas sostienen que el debate sobre el Súper RIGI “no es un debate sobre inversiones sino sobre quién controla nuestros bienes comunes y quién se beneficia de ellos“.
Su presidente, Enrique Viale, aseguró que el proyecto “traslada la lógica del extractivismo a la era digital”, al garantizar acceso privilegiado al agua y la energía para grandes corporaciones sin establecer salvaguardas ambientales acordes a la magnitud de esos emprendimientos.
Según la organización, los centros de datos podrían instalarse bajo un régimen que obliga al Estado a garantizar condiciones estables durante tres décadas, incluso frente a futuros escenarios de crisis hídrica o energética.
Un blindaje por treinta años
Otra de las principales críticas apunta a la estabilidad regulatoria que ofrece el régimen.
Para Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute, el problema excede ampliamente las exenciones impositivas. “El régimen blinda por treinta años las condiciones regulatorias, fiscales, cambiarias y aduaneras“, explicó.
La especialista advirtió que esto limita seriamente la capacidad del Estado para modificar las reglas si cambian las condiciones ambientales o económicas.
“Si en diez o quince años existe una crisis de abastecimiento de agua o de energía, cualquier intento de revisar esos beneficios podría derivar en demandas multimillonarias contra la Argentina en tribunales internacionales“, señaló.
¿Innovación o nuevo extractivismo?
Las organizaciones sostienen que el proyecto traslada la lógica histórica del extractivismo hacia una nueva etapa basada en la economía digital.
Para Matías Bianchi, director ejecutivo de Asuntos del Sur, Argentina corre el riesgo de transformarse en un territorio de experimentación para las grandes empresas tecnológicas. “Estamos ofreciendo territorio, recursos naturales e infraestructura sin pedir prácticamente nada a cambio. Es una lógica más cercana a la de un país bananero que a una estrategia de desarrollo“, afirmó.
En la misma línea, Victoria Lichtschein, directora ejecutiva de Fundación Biodiversidad Argentina, sostuvo que el proyecto “incentiva grandes inversiones con fines extractivos sin garantizar la protección del ambiente ni el bienestar de las comunidades“.
El futuro del desarrollo
El Gobierno presenta al Súper RIGI como una herramienta para insertar a la Argentina en la economía del conocimiento.
Pero para distintos especialistas el riesgo es repetir un esquema conocido: exportar recursos naturales mientras las principales ganancias quedan concentradas en grandes corporaciones.
Para Federico Pellegrino, director ejecutivo de Latam Lab, avanzar con esta norma representa “la entrega de los recursos naturales de Argentina y la renuncia del país a darse un modelo de desarrollo propio“.
El Senado será ahora el escenario donde se definirá si el nuevo régimen avanza o no.