Los proyectos cambian pero el escenario es el mismo: La construcción de una megarefinería en la ribera de Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón, reaviva tensiones entre ambos países por su impacto ambiental.
Así como entre 2005 y 2015 la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en la localidad uruguaya de Fray Bentos movilizó a las asambleas de Gualeguaychú; hoy la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú amenaza con reavivar el conflicto ambiental en Colón, Entre Ríos.
Se trata de una millonaria inversión de la energética internacional HIF en una planta de producción de hidrógeno verde, un vector energético que permite almacenar y exportar energía renovable.
La compañía, de capitales chilenos, firmó un acuerdo con el gobierno uruguayo para desembolsar unos u$d 5.300 millones de dólares para la generación de hidrógeno verde.
El acuerdo incluye la construcción de un parque fotovoltaico, un parque eólico y el reacondicionamiento de vías ferroviarias para llevar el combustible renovable al puerto de Montevideo y ser exportado a Europa.
Esta sería la mayor inversión privada en la historia de Uruguay, superior a la que en su momento hizo la pastera Botnia, que dió origen a un conflicto ambiental con Argentina que se mantuvo durante una década.
Controversia
El proyecto está siendo cuestionado por organizaciones ambientales y la comunidad científica, dado que requiere extraer grandes volúmenes de agua del río Uruguay para obtener las moléculas de hidrógeno; utilizará grandes cantidades de residuos forestales para generar dióxido de carbono; y también existe el riesgo de contaminación en la zona si se produce un derrame de combustible.
Asímismo, vecinos de la ciudad de Colón reunidos en una Asamblea multisectorial denunciaron que la instalación de esta megaplanta en la costa uruguaya afectará el paisaje y el turismo. Además, señalaron que la compañía HIF ya fue multada en Uruguay por la tala ilegal de un monte nativo en el predio en el que proyecta instalar su producción.
En tanto, el gobierno de Entre Ríos solicitó al estado Uruguayo que relocalice la planta, ya que «viola los tratados bilaterales sobre el río compartido».