La causa por la grave contaminación generada por la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El expediente, que lleva más de una década de recorrido judicial, vuelve a poner bajo la lupa uno de los pasivos ambientales más críticos de la región, marcado por años de denuncias sobre daños ecológicos persistentes y falta de respuestas efectivas del sistema judicial.
La planta, situada en el cordón industrial al norte de Rosario, cesó sus actividades en 2014, dejando tras de sí un predio abandonado que se convirtió en una amenaza latente para la salud pública. Mientras las familias de la zona siguen conviviendo con las consecuencias de la actividad química, la justicia busca determinar si existieron irregularidades y encubrimientos que permitieron a los responsables evitar sanciones penales mientras el daño se profundizaba en el suelo y el agua.
Hallazgos de toxicidad en la zona
Los estudios realizados en el predio han sido contundentes respecto a la magnitud del desastre. Pericias técnicas detectaron la presencia de sustancias altamente tóxicas que persisten en el terreno años después del cierre, incluyendo cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida restringido internacionalmente por su alta peligrosidad.
Además de la contaminación del suelo y las napas subterráneas, se registraron pérdidas de cloro y cientos de tubos con materiales peligrosos abandonados sin medidas de seguridad. Esta situación impactó directamente en el entorno urbano, donde vecinos de Capitán Bermúdez han reportado históricamente irritación ocular, afecciones respiratorias y olores fuertes vinculados a los escapes de gases de la planta.
Dudas sobre el cierre de la causa
El proceso judicial estuvo rodeado de controversias desde que, en 2018, la firma firmó un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación, lo que derivó en la suspensión de la causa penal. Este convenio fue duramente cuestionado por organizaciones ambientales y damnificados, quienes sostienen que las labores de limpieza fueron deficientes y que el terreno sigue contaminado.
Existen sospechas fundamentadas de que se utilizó una figura legal inapropiada para encubrir la gravedad del caso, protegiendo a los dueños de la empresa de las consecuencias penales. Estas irregularidades apuntan a una maniobra coordinada entre actores del ámbito privado y ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.
La instancia definitiva ante el máximo tribunal
Ante el archivo de la causa y la falta de soluciones, la Fiscalía General decidió elevar el caso a la Corte Suprema nacional con el objetivo de que se revise el proceso en su totalidad. El máximo tribunal deberá definir si hubo vicios en la actuación judicial que impidieron el avance de las sanciones. Lo que está en juego es un precedente fundamental sobre la responsabilidad de las empresas tras abandonar instalaciones peligrosas.
El caso Petroquímica Bermúdez expone una problemática sistémica en el país: la existencia de pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y una justicia que, con frecuencia, avanza con extrema lentitud frente a la urgencia de proteger la salud de las comunidades.