Un nuevo fallo judicial contra Atanor por contaminación ambiental obliga a la empresa a implementar medidas urgentes de seguridad y remediación en sus instalaciones industriales ubicadas en San Nicolás. La resolución fue dictada por el Juzgado de Ejecución Penal local tras detectarse presencia de trifluralina -un herbicida potencialmente riesgoso para la salud- en suelos cercanos a la barranca del Río Paraná.
La medida cautelar ordena a la compañía, perteneciente al grupo internacional Albaugh, vallar y señalizar un sector de la barranca hasta donde se extienden sus instalaciones industriales, con el objetivo de proteger a la población y prevenir riesgos sanitarios.
Contaminación ambiental: qué ordenó la Justicia contra Atanor
Según la resolución judicial, Atanor SAIC deberá realizar el cerramiento del área contaminada en un plazo máximo de tres días. En caso de incumplimiento, la empresa enfrentará una multa diaria de 100 mil pesos.
El fallo se fundamenta en estudios que detectaron trifluralina en el suelo en concentraciones superiores a los límites permitidos. El contaminante fue hallado en un sector cercano al espacio público recreativo conocido como Bajada Botto, lo que encendió alertas por el potencial impacto ambiental y sanitario.
Además del vallado perimetral, la Justicia intimó a la empresa a presentar en el mismo plazo un plan de remediación ambiental definitivo que detalle las acciones para sanear el área afectada y evitar la dispersión de sustancias peligrosas.
Evaluarán el alcance de la contaminación del suelo
Como parte del proceso judicial, también se dispuso el análisis de nuevas muestras de suelo en un radio de hasta 500 metros para determinar el alcance real de la contaminación ambiental y evaluar el impacto del herbicida en la zona.
Los resultados de estos estudios serán clave para definir futuras medidas de control ambiental y posibles sanciones adicionales contra la compañía, que ya había sido señalada previamente por presuntas prácticas contaminantes.
Control estatal y protección de los vecinos
La resolución judicial establece que el control del cumplimiento de las medidas estará a cargo de organismos públicos. El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Nicolás deberán trabajar de manera conjunta para verificar que el vallado se realice correctamente y garantice la seguridad de los vecinos.
Las autoridades también deberán supervisar las acciones de remediación ambiental y monitorear el estado del suelo en el área afectada.
Impacto ambiental y antecedentes
El nuevo revés judicial refuerza el debate sobre el impacto ambiental de la actividad industrial en zonas cercanas a áreas urbanas y espacios públicos. La presencia de sustancias químicas en el suelo, especialmente en sectores recreativos y ribereños, plantea preocupaciones sobre la salud pública, la contaminación del ambiente y la responsabilidad empresarial.
La causa contra Atanor se suma a otros antecedentes judiciales vinculados a presuntos episodios de contaminación, en un contexto de mayor control sobre las prácticas ambientales de empresas del sector químico e industrial.
La investigación continúa y las autoridades buscan determinar la magnitud del daño ambiental, así como las responsabilidades correspondientes por la presencia de contaminantes en la zona ribereña del Río Paraná.