En América Latina, la movilidad eléctrica avanza con paso firme y ya forma parte de la agenda pública de varios países. Uruguay y Chile se destacan por haber consolidado políticas de Estado con marcos regulatorios, incentivos fiscales y estrategias energéticas coherentes.
Argentina, en cambio, aún busca definir su hoja de ruta. ¿Qué puede aprender de los vecinos que ya están transitando la transición eléctrica?
“Está comprobado que los países que implementan medidas concretas para fomentar la movilidad eléctrica son los que mejores resultados obtienen”, afirma Fitzgerald Cantero Piali, exdirector nacional de Energía de Uruguay y actual director de Estudios, Proyectos e Información de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
Con la experiencia de haber liderado la transformación energética de su país, Cantero Piali sostiene a Economía Sustentable que el éxito no depende tanto de los recursos disponibles como de la coherencia y la continuidad de las políticas.
En esa línea, advierte que el rol del Estado sigue siendo central: “No conozco casos donde se haya desarrollado una movilidad eléctrica fuerte sin intervención estatal. Aunque sea con señales no económicas, como beneficios normativos o prioridades de circulación, debe haber un mensaje claro de que el país apuesta a esa tecnología”.
Argentina enfrenta un desafío particular. Su matriz energética depende en gran medida del gas natural y su estructura industrial requiere una estrategia gradual para avanzar hacia la electrificación. Sin embargo, los expertos coinciden en que el potencial está ahí: con un marco legal sólido, infraestructura adecuada e incentivos sostenidos, el país podría posicionarse como un actor relevante en la región.
“Cada país define soberanamente su camino. Algunos priorizan salud o seguridad, y es lógico. Pero cuando la energía se vuelve prioridad, las decisiones deben ser integrales y sostenidas. Solo así la movilidad eléctrica deja de ser un proyecto para convertirse en política de Estado”, indica Cantero Piali.
El punto de partida: infraestructura y marco institucional
Para el experto, el primer paso es desarrollar una infraestructura de carga sólida. Sin ella, la movilidad eléctrica no se percibe como una alternativa real. “Si aseguras la carga, incentivas tanto al que vende como al que compra. La discusión sobre si debe venir primero la oferta o la demanda siempre está, pero la infraestructura es el punto de partida”, explica.
El segundo eje es institucionalizar la política pública. Los países que avanzaron lo hicieron a partir de leyes o marcos regulatorios que establecen objetivos, competencias, recursos disponibles y mecanismos de rendición de cuentas. Sin esa base, la continuidad de las acciones queda sujeta a los cambios de gobierno.
A eso se suma la necesidad de evaluar la matriz energética. Cantero Piali advierte que “países con alta participación de energías renovables, como Uruguay o Paraguay, pudieron avanzar más rápido, mientras que Argentina, con una matriz donde el gas natural tiene un peso relevante, enfrenta una transición más gradual”.
El ecosistema eléctrico: actores, incentivos y capacitación
Construir un ecosistema de electromovilidad implica integrar a todos los actores: fabricantes e importadores de vehículos, usuarios, empresas de carga, el Estado y la academia.
La infraestructura debe planificarse con criterios técnicos y geográficos, garantizando interoperabilidad y estándares de seguridad. “El usuario debería poder cargar su vehículo y pagar fácilmente, incluso si viene del extranjero”, apunta el especialista.
La capacitación también es clave. Conductores, técnicos, mecánicos, bomberos y especialistas eléctricos deben adaptarse a una nueva tecnología que modifica los esquemas tradicionales de mantenimiento y seguridad.
Lecciones de Uruguay y Chile
Uruguay logró posicionarse entre los cinco países de América Latina con más buses eléctricos en circulación, con metas concretas: alcanzar un 50% de participación de este segmento en 2030 y el 100% en 2040.
Entre las medidas más efectivas, Cantero Piali destaca la exención de aranceles de importación para vehículos y cargadores, la reducción del 50% de la patente de rodados y los beneficios fiscales a la inversión en infraestructura y energías renovables. Todo dentro de un marco coherente que “combina señales del lado de la oferta y la demanda”.
El país también avanza hacia la adopción del estándar V2G (vehicle-to-grid), que permite la comunicación entre el vehículo eléctrico y la red eléctrica. Según estudios locales, el costo energético por kilómetro recorrido en un vehículo eléctrico puede ser hasta ocho veces menor que en uno de combustión.
Chile, en tanto, se consolidó como referente regional y global: es el país con más buses eléctricos de América Latina y el segundo del mundo después de China. Su Acuerdo Público-Privado por la Electromovilidad establece metas hasta 2025 en infraestructura, interoperabilidad y formación técnica. Además, contempla exenciones de restricción vehicular para eléctricos e híbridos enchufables, y una política sostenida de promoción de eficiencia energética y reducción de emisiones.
Cantero Piali destaca que Uruguay tomó a Chile como referencia, pero no como modelo a copiar. “Analizamos sus programas y adaptamos lo que tenía sentido para nuestra realidad. No hay recetas mágicas; lo importante es aprender tanto de los aciertos como de los errores de otros países”, resume.