Mientras las autoridades sanitarias advierten sobre un incremento de los casos de intoxicación por monóxido de carbono en todo el país, una denuncia presentada ante la Justicia Federal pone bajo la lupa una decisión regulatoria adoptada en 2024 por el entonces interventor del Enargas, Carlos Casares.
La presentación judicial, impulsada por el abogado Martín Caputto, sostiene que la flexibilización de los parámetros de calidad del gas natural pudo haber incrementado los riesgos para la salud pública al permitir la inyección en las redes de un gas con características distintas a las contempladas históricamente por las normas de seguridad.
La causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Franco Picardo, quienes deberán determinar si existe alguna relación entre los cambios regulatorios y el crecimiento de los episodios de intoxicación registrados en distintas regiones del país.
Al ampliar la denuncia original presentada en abril, Caputto afirmó que “la información oficial demuestra que el incremento de casos de intoxicación por monóxido de carbono no constituye una hipótesis abstracta, ni una especulación periodística, sino un fenómeno sanitario concreto reconocido por el propio Estado Nacional”.
Y agregó: “Ante esa situación, corresponde que la Justicia Federal investigue si dicho incremento guarda relación con decisiones regulatorias adoptadas por funcionarios públicos que, en razón de sus cargos, tenían el deber jurídico específico de proteger la seguridad del sistema y la salud pública”.
Calidad del gas y monóxido de carbono: qué investiga la Justicia
El eje de la denuncia se centra en una resolución del Enargas que habilitó la inyección en las redes de transporte y distribución de gas proveniente de Vaca Muerta sin determinados tratamientos previos.
Según la presentación judicial, “la modificación regulatoria que aprobó en 2024 la intervención del Enargas conducida por Carlos Casares redujo los estándares técnicos de calidad históricamente vinculados a la seguridad operacional y a la combustión segura en artefactos domiciliarios”.
Caputto sostuvo además que existió una “flexibilización deliberada de estándares técnicos y regulatorios vinculados a la seguridad pública, privilegiando intereses económicos y operativos de empresas del sector por sobre la protección de la vida, salud e integridad física de la población usuaria”.
La denuncia plantea que el gas proveniente de la cuenca neuquina posee un poder calorífico superior al contemplado en las especificaciones históricas. Técnicos del sector explicaron que, cuando determinados artefactos reciben un gas con más calorías de las previstas, la combustión puede alterarse, generando una llama amarilla en lugar de azul y aumentando la producción de monóxido de carbono.
De acuerdo con la presentación, varias empresas del sector habían advertido durante la consulta pública realizada por el Enargas que la flexibilización podía generar alteraciones en los procesos de combustión y elevar los riesgos asociados al monóxido.
En ese sentido, la denuncia remarca que “el criterio rector de la reforma no estuvo centrado exclusivamente en parámetros de seguridad pública, sino también -y especialmente- en objetivos de aprovechamiento económico y operativo del recurso gasífero”.
Asimismo, sostiene que debe investigarse “la eventual utilización del aparato regulatorio estatal para flexibilizar estándares de seguridad pública en beneficio de intereses económicos vinculados a la explotación y comercialización del gas no convencional, aun cuando existían advertencias sobre riesgos potenciales para la salud de la población”.
Aumento de intoxicaciones por monóxido: los datos que encendieron las alarmas
La ampliación de la denuncia coincide con la publicación de nuevos datos epidemiológicos oficiales que muestran un aumento de los casos de intoxicación por monóxido de carbono.
Según la información incorporada al expediente, entre enero de 2025 y abril de 2026 se notificaron 2.281 casos en todo el país. Las regiones Centro y Sur concentraron más del 70% de los episodios reportados.
En lo que va de 2026, además, ya se registraron 263 casos confirmados y nueve fallecimientos. Las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires aparecen entre las jurisdicciones que más se alejaron de los valores esperados para esta época del año.
La presentación judicial recuerda que “el monóxido de carbono constituye un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, cuya inhalación puede provocar daños neurológicos severos, intoxicaciones graves e incluso la muerte”, por lo que considera indispensable analizar cualquier cambio regulatorio bajo criterios estrictos de seguridad pública.
Entre otros puntos, la Justicia deberá determinar “si las modificaciones regulatorias introducidas en 2024 redujeron estándares de seguridad vinculados a la combustión segura del gas natural”, si existieron advertencias técnicas ignoradas durante el proceso de aprobación y si hubo desplazamientos o limitaciones a los equipos especializados que tradicionalmente intervenían en la evaluación de la calidad del gas. Para el denunciante, “existen elementos objetivos suficientes para justificar una investigación penal exhaustiva” sobre las decisiones adoptadas por las autoridades regulatorias. La causa buscará establecer si hubo conductas compatibles con figuras culposas vinculadas a la puesta en peligro de la salud pública y si las advertencias técnicas disponibles fueron desatendidas al momento de aprobar la controvertida flexibilización.