Ubicado a 35 kilómetros de Uspallata, en Mendoza, y sobre la ruta (149, de ripio) que conecta a esta provincia con San Juan, el proyecto de minería de oro y cobre “San Jorge” estuvo 15 años frenado al no aprobarse sus estudios de impacto socioambiental.
Pero todo cambió a fines de 2025, cuando -tras una maratónica sesión-, la legislatura mendocina le dió vía libre al proyecto, pese a que una normativa local (la Ley 7722 de cuidado del agua), prohibía la megaminería con uso de sustancias químicas en el territorio provincial.
A partir de entonces, científicos, abogados y asambleas ambientalistas volvieron a movilizarse advirtiendo sobre la contaminación del agua, el suelo y el daño a la biodiversidad y las actividades productivas (incluyendo el turismo), por el uso de grandes cantidades de explosivos y sustancias tóxicas para la extracción de los metales.
El impacto del material particulado desprendido por las voladuras de la actividad minera afectaría tanto al Valle de Uspallata, en Mendoza, como al de Calingasta, en la vecina San Juan, y a los glaciares circundantes Barauca y Tambillos, que son reservas hídricas a futuro.
Un proyecto controvertido
La explotación proyectada consiste en una mina a cielo abierto que abarca 2400 hectáreas de monte nativo y humedales dentro de la Estancia Yalguaraz, de 118 mil hectáreas frente al cerro San Jorge. Se trata de un lugar único por su biodiversidad y patrimonio histórico y arqueológico: por allí pasaron tanto las rutas incaicas del Qhapaq Ñan, como la Ruta Sanmartiniana por donde el ejército comandado por San Martín cruzó Los Andes.
En este escenario, la actividad megaminera “afectará gravemente a la cuenca del Río Mendoza, el principal de la provincia, del que actualmente dependen 1,5 millones de habitantes, 250 mil hectáreas de cultivos y la actividad del cuarto polo industrial del país (detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba)”, señala Federico Soria, técnico químico industrial y técnico en Conservación de la Naturaleza, quien elaboró un informe sobre “externalidades negativas del proyecto San Jorge” presentado por la Asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata.
Historia de una controversia
El proyecto San Jorge fue durante muchos años un negocio especulativo en torno a concesiones mineras en busca de aprobación para ser explotadas. En 2011, la canadiense Coro Mining Corp intentó avanzar en la explotación del lugar pero se topó con una fuerte resistencia de las asambleas vecinales que culminó con el rechazo al proyecto en la legislatura mendocina.
Esto derivó en la venta del proyecto a dos corporaciones de capitales rusos conformados por un conglomerado de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales: Solway Investment y Aterra Capital, a quienes les fue transfiriendo la totalidad del negocio en etapas, entre 2011 y 2015. Finalmente, en 2022 Solway adquirió la parte de Aterra y quedó como única propietaria. Pero, ¿quiénes están detrás de este grupo empresario?
Negocios offshore
Solway Holding “es una corporación off-shore, radicada en paraísos fiscales, que además de su casa matriz en Malta, Chipre, posee un complejo entramado financiero internacional con 43 subsidiarias en Luxemburgo, Islas Vírgenes, San Vicente, Granadinas, y la ciudad de Zug, en Suiza”, describe Federico Soria.
La firma surgió en el año 2.000 en Rusia, de la fusión de varias empresas metalúrgicas, mineras, y sociedades financieras tras el desmembramiento de la Unión Soviética y la rapiña de sus empresas estatales adquiridas por muchos ex funcionarios.
Fue fundada por Aleksandr Bronstein, nacido en Rusia en 1954, quien posee doble ciudadanía en Estonia e Israel.
Desde fines de los 80 y hasta la independencia de ese país, Bronstein fue diputado por Estonia ante el Soviet Supremo, y luego se dedicó a la actividad empresarial privada. Actualmente es miembro del directorio del Congreso Mundial Judío, una organización vinculada al actual gobierno de Israel, y dedicada a promover el Sionismo internacional.
La conexión local
En 2020, Aleksandr Bronstein transfirió la totalidad de las acciones de Solway Holding a sus hijos, Daniel y Christian, criados y educados en Alemania, que actualmente viven en Londres, Reino Unido.
El grupo, que llegó a la Argentina en 2011 para hacerse cargo del proyecto minero San Jorge, ha sido denunciado por contaminación, sobornos, criminalización de la protesta social y asesinatos de líderes ambientales e indígenas en Guatemala, Indonesia, Filipinas, Congo y Liberia
No menos llamativos resultan los antecedentes de quienes están a cargo de la administración local del proyecto San Jorge, como el estudio Jurídico mendocino BRGPG, entre cuyos socios fundadores están Francisco “Paco” Pérez (Gobernador de Mendoza entre 2011 y 2015) y Alejandro Barraza (Camarista y Juez de la provincia).
Una alternativa a la megaminería
Pese a las promesas de creación de empleo y generación de divisas, “lo cierto es que la megaminería ocupa a menos del 1% de la masa laboral”, apunta Federico Soria. Y sus regalías, que equivalen al 3% del valor de los minerales que extraen, apenas alcanzan para cubrir el 6% de los gastos de mantenimiento de las rutas que la actividad estropea por el paso de camiones y maquinaria pesada.
Frente al proyecto de megaminería San Jorge, los vecinos de la Asamblea Autoconvocada de Uspallata, elevaron una propuesta de crear una reserva natural para poner en valor el patrimonio cultural y natural de la zona.
Esta iniciativa “permitiría proteger al río Mendoza, y promover al mismo tiempo actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería, con denominación de origen de los productos y estándares de calidad ambiental internacional”, afirman los vecinos autoconvocados. La lucha que emprendieron es tan desigual como la de David frente a Goliat. Pero el final aún está abierto.