La polémica por el uso de agroquímicos volvió a explotar en Entre Ríos luego de que la Justicia ordenara restricciones severas para las fumigaciones cerca de zonas habitadas. La medida reavivó el histórico enfrentamiento entre productores rurales, ambientalistas y vecinos que denuncian efectos nocivos sobre la salud por la exposición a fitosanitarios.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná resolvió dos acciones de amparo ambiental -una colectiva y otra individual- vinculadas con la protección sanitaria y ambiental frente a fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agroquímicos.
La decisión quedó a cargo de la vocal María Fernanda Miotti, quien hizo lugar a los reclamos siguiendo el criterio ya fijado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en la causa “Rosso”, considerada un antecedente clave en materia ambiental.
En ese fallo previo, el máximo tribunal provincial había ordenado prohibir fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros hasta contar con estudios científicos concluyentes sobre su inocuidad. La magistrada entendió que esa resolución tiene efecto vinculante tanto para organismos públicos como para actores privados.
De esta manera, ordenó el cese inmediato de fumigaciones y aplicaciones agroquímicas terrestres a menos de 1.095 metros y de aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros de zonas protegidas.
Fumigaciones en Entre Ríos: cuáles son las nuevas restricciones judiciales
Las distancias impuestas por la Justicia alcanzan a los loteos Tierra Alta I, II y III, ubicados en Colonia Ensayo, departamento Diamante, así como también a una vivienda particular situada en Aldea Brasilera.
Durante el proceso judicial, los demandantes cuestionaron “la insuficiencia de base científica” de las denominadas buenas prácticas agrícolas vinculadas al uso de fitosanitarios y señalaron que no existe “validación científica experimental concluyente ni acreditante de inocuidad”.
El fallo, sin embargo, rechazó declarar inconstitucional la Ley provincial de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios y su decreto reglamentario, vigente desde enero de 2025. Según la magistrada, no se verificó una violación manifiesta de garantías constitucionales dentro de la normativa actual.
La resolución judicial también exhortó al Gobierno provincial a incorporar medidas preventivas, controles más estrictos y nuevas herramientas de monitoreo para evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Agroquímicos y salud: el debate ambiental que vuelve a crecer
El caso volvió a encender el debate sobre los efectos de los agroquímicos en poblaciones rurales y periurbanas. Vecinos y organizaciones ambientalistas sostienen que las fumigaciones cercanas pueden provocar problemas respiratorios, dermatológicos y enfermedades crónicas, mientras que sectores productivos advierten sobre el impacto económico que podrían generar restricciones más amplias.
En los últimos años, distintos informes médicos y reclamos vecinales impulsaron causas judiciales similares en varias provincias agrícolas del país. La discusión gira en torno a un punto central: cuál es la distancia realmente segura entre las áreas fumigadas y los centros poblados.
Mientras la controversia sigue escalando, el fallo entrerriano vuelve a poner a la Justicia en el centro de una disputa que mezcla producción agropecuaria, salud pública y protección ambiental.