Un proceso judicial iniciado en Francia podría marcar un antes y un después en la lucha global contra los llamados “químicos eternos”. En el centro del caso están Arkema y Daikin Chemical France, dos gigantes de la industria química acusados de haber vertido durante años grandes cantidades de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el medio ambiente, pese a que los riesgos para la salud eran conocidos desde hace décadas. La demanda, presentada ante el Tribunal de Lyon, reúne a cuatro asociaciones ecologistas y a 192 vecinos de la plataforma química de Oullins-Pierre-Bénite, al sur de la ciudad, una de las zonas más industrializadas del denominado “Valle de la Química”.
Las organizaciones demandantes -Notre affaire à tous, Eau bien commun Lyon-Métropole, Sauvegarde des coteaux du Lyonnais y Sauvegarde de la vallée de Francheville- sostienen que ambas compañías vertieron alrededor de 3,5 toneladas de PFAS por año en el río Ródano. Según afirman, esta contaminación provocó una afectación generalizada del agua, el aire y el suelo en un territorio donde viven cerca de 200.000 personas. “Nos dirigimos a fabricantes que se beneficiaron durante años de sus actividades sin hacerse responsables de las consecuencias, a pesar de que existían advertencias claras sobre los PFAS”, explicó Emma Feyeux, especialista en salud medioambiental de Notre affaire à tous.
Los químicos eternos y una contaminación “excepcionalmente grave”
Los PFAS son utilizados desde hace décadas por sus propiedades químicas únicas: repelen el agua, la grasa y el calor, lo que los hace muy valorados en procesos industriales y productos de consumo. Sin embargo, esas mismas características explican su peligrosidad. El enlace carbono-flúor, uno de los más fuertes de la química orgánica, les otorga una persistencia extrema tanto en el ambiente como en el organismo humano. De allí su apodo de “contaminantes eternos”.
Numerosos estudios científicos demostraron que incluso la exposición crónica a dosis bajas puede estar asociada a un mayor riesgo de cáncer, una menor eficacia de las vacunas, alteraciones hormonales y retrasos en el desarrollo fetal e infantil. En 2022, investigaciones periodísticas y reportes oficiales de la DREAL -el organismo regional de control ambiental- revelaron concentraciones “extremadamente elevadas” de PFAS en distintos puntos de la Vallée de la Chimie. Para los abogados que representan a los vecinos, la contaminación es “excepcionalmente grave” y constituye una amenaza directa para la salud pública.
El bufete Kaizen Avocats Environnement, que lidera la acción judicial, estima los daños en 36,5 millones de euros, equivalentes a unos 190.000 euros por demandante. Según su fundadora, Louise Tschanz, el proceso es el resultado de años de análisis de informes administrativos, decretos prefectorales y controles ambientales. “Lo que descubrimos fue asombroso: decenas de incumplimientos y prácticamente ninguna sanción”, afirmó. Intentos previos de avanzar por la vía judicial en 2022 y 2023 fueron rechazados, bajo el argumento de que la cuestión debía resolverse en el ámbito administrativo.
La nueva demanda civil busca revertir esa lógica y aplicar de manera efectiva el principio de “quien contamina paga”. Los abogados identificaron cinco tipos de perjuicios: sanitarios, morales, de ansiedad, de disfrute -por la imposibilidad de consumir productos locales- y materiales, vinculados a medidas preventivas adoptadas por los propios vecinos. Cada caso fue analizado de forma individual, lo que convierte a la acción en un proceso inédito por su escala y complejidad.
Un juicio que puede cambiar las reglas del juego
Más allá de las indemnizaciones, el juicio podría sentar un precedente jurídico de alcance internacional. Francia viene posicionándose como uno de los países más avanzados en la regulación de los PFAS. La Ley 2025-188, promulgada en febrero de 2025 y vigente desde enero de 2026, prohíbe la fabricación, importación y venta de productos como cosméticos, ceras para esquí y determinados textiles que contengan estas sustancias. La restricción se ampliará a todos los textiles para 2030, con excepciones limitadas para ropa de protección técnica.
La norma también introduce un elemento clave: una tasa específica sobre los vertidos de PFAS, obligando a los fabricantes a pagar en función de la cantidad de contaminantes liberados en el agua. Los fondos recaudados se destinarán a financiar plantas de purificación de agua potable, reforzando el enfoque preventivo y reparador.
En este contexto, el proceso contra Arkema y Daikin no solo apunta a reparar daños pasados, sino a redefinir la responsabilidad de la industria química frente a los riesgos ambientales y sanitarios. Si prospera, podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra los contaminantes eternos y en una referencia para otros países que enfrentan problemas similares.