En un intento por garantizar transparencia y recuperar la confianza en un proceso licitatorio clave para la economía argentina, el Gobierno nacional anunció que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) auditará la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Se trata de la principal arteria de exportación fluvial del país, por donde circula cerca del 80% de los bienes exportables, principalmente granos y subproductos.
Cómo será la auditoría
La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. «A partir de un memorando de entendimiento celebrado con la Agencia de Puertos y Vías Navegables, la UNCTAD va a realizar una auditoría internacional sobre los pliegos y todos los procedimientos vinculados al proceso licitatorio», señaló.
El nuevo impulso al proceso llega luego de que el Gobierno diera marcha atrás con la licitación lanzada en 2024, que fue anulada tras recibir una única oferta -la del grupo belga DEME- que fue descartada por el oficialismo con duras críticas. Desde entonces, diversas voces del sector portuario venían denunciando posibles irregularidades y direccionamientos a favor de la empresa Jan de Nul, actual operadora del mantenimiento y dragado.
Con la participación de la UNCTAD, el Ejecutivo busca reformular los términos de la convocatoria y atraer a nuevos oferentes internacionales, asegurando “los más altos estándares de calidad y el mejor precio”, según explicó Adorni. También se sumará una auditoría de Defensa de la Competencia para garantizar un entorno sin privilegios.
Cómo es la Hidrovía Paraguay-Paraná
La Hidrovía Paraguay-Paraná, o Vía Navegable Troncal, tiene una extensión de 1.635 kilómetros y conecta a cinco países -Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay-con los puertos del Atlántico.
El sistema se constituyó en una herramienta logística esencial desde su consolidación en los años ‘90, y su futuro modelo de gestión continúa siendo motivo de debate entre quienes impulsan un esquema estatal y quienes apuestan por una concesión privada.
En la actualidad, el Estado argentino administra la vía desde la finalización del contrato con el consorcio Jan de Nul-Emepa en 2021. Con esta nueva licitación, el Gobierno de Javier Milei apuesta a relanzar un proceso más competitivo y creíble, en medio de un contexto económico desafiante y una necesidad urgente de mejorar la eficiencia logística nacional.