Con una amplia mayoría, el Parlamento Europeo respaldó la decisión de posponer la entrada en vigor de las nuevas normativas sobre sostenibilidad corporativa y diligencia debida, en un esfuerzo por simplificar la legislación comunitaria y reforzar la competitividad empresarial.
La votación concluyó con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, avalando así la propuesta presentada por la Comisión Europea como parte del paquete de simplificación legislativa “Omnibus I”.
Más tiempo para las grandes empresas
El nuevo calendario otorga un año adicional a los Estados miembros, hasta el 26 de julio de 2027, para incorporar a sus legislaciones nacionales las disposiciones de la directiva de diligencia debida, que exige a las empresas identificar, prevenir y mitigar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
También se retrasa la fecha límite para que las grandes corporaciones comiencen a aplicar estas reglas. Las empresas con más de 5.000 empleados y facturación superior a 1.500 millones de euros, así como las extracomunitarias que operen a ese nivel dentro del mercado europeo, deberán cumplir con la normativa recién a partir de 2028.
Ese mismo año se sumará un segundo grupo: compañías de la UE con más de 3.000 empleados y una facturación superior a 900 millones de euros, junto con sus equivalentes extranjeras que alcancen ese umbral en la región.
Qué pasa con los informes de sostenibilidad
En paralelo, el Parlamento Europeo también votó a favor de aplazar dos años la entrada en vigor de la directiva sobre información corporativa en sostenibilidad. Las grandes empresas con más de 250 empleados tendrán que presentar sus primeros informes en 2028, mientras que las pequeñas y medianas empresas cotizadas lo harán a partir de 2029.
Estos informes deberán detallar el impacto social y ambiental de las actividades empresariales, en línea con los compromisos de transparencia y responsabilidad corporativa que impulsa el Pacto Verde Europeo.
Próximos pasos en Europa
El martes, el Parlamento activó el procedimiento de urgencia para acelerar el trámite legislativo, y ahora el texto aprobado pasará al Consejo de la UE, que ya manifestó su apoyo el pasado 26 de marzo. La entrada en vigor formal dependerá de su ratificación final.
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Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento comenzará a trabajar en una segunda directiva incluida en el paquete Omnibus I, que propondrá ajustes de fondo en los requisitos de sostenibilidad y diligencia debida.
La prórroga busca así otorgar mayor margen de adaptación a las empresas, en un contexto en el que la carga regulatoria fue señalada como un obstáculo para el dinamismo económico en la Unión Europea.