La llamada “era de los sellos negros” podría estar entrando en su etapa final. El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal (27.642), una de las regulaciones más emblemáticas impulsadas durante la gestión de Alberto Fernández y que desde 2021 modificó radicalmente la estética de los productos alimenticios en supermercados y comercios de todo el país.
La iniciativa libertaria no sólo propone eliminar los octógonos negros que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas, sino también flexibilizar las restricciones publicitarias y adaptar el sistema argentino a estándares internacionales y del Mercosur.
Según el oficialismo, el esquema actual perdió efectividad porque saturó al consumidor con advertencias. “Si todo tiene un sello, el sello deja de cumplir su función informativa”, sostienen desde el entorno libertario, donde consideran que la normativa terminó generando más confusión que información útil.
El proyecto argumenta que cerca del 85% de los productos en góndola ya exhibían sellos negros en 2023, lo que habría provocado una “fatiga de advertencias” entre los consumidores y una banalización de las alertas nutricionales.
Qué cambiaría en las góndolas si eliminan los sellos negros
La derogación de la ley implicaría una transformación visual inmediata en supermercados y autoservicios. Las góndolas dejarían atrás la imagen cargada de advertencias y volverían a mostrar envases con diseños más libres, coloridos y orientados al marketing tradicional.
Las empresas alimenticias podrían recuperar herramientas promocionales prohibidas desde 2021, como personajes infantiles, mascotas de marca, promociones visuales y estrategias gráficas destinadas a captar consumidores.
Desde el sector privado aseguran que la ley vigente obligó a rediseñar miles de envases y generó costos extra de producción, empaquetado y comercialización, especialmente para PyMES exportadoras que deben adaptar productos a regulaciones distintas según el país de destino.
“La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley mencionada ha permitido identificar diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas derivadas del esquema implementado, las cuales justifican la revisión integral del referido instrumento normativo”, sostiene el texto enviado al Congreso.
La industria alimenticia respalda el proyecto libertario
La iniciativa oficial ya comenzó a recibir respaldo de grandes empresas alimenticias y cámaras empresariales, especialmente de la Copal, que trabaja en un documento conjunto para apoyar públicamente la derogación.
El sector cuestiona que el actual sistema aplica parámetros idénticos sobre productos muy distintos, sin contemplar factores como la densidad nutricional, el nivel de procesamiento, las porciones consumidas o las particularidades tecnológicas de cada alimento.
Además, las empresas sostienen que el sistema binario de advertencias dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los productos, desalentando reformulaciones graduales.
Otro de los puntos más criticados es la falta de armonización regional. Según el Gobierno y la industria, las diferencias regulatorias dentro del Mercosur obligan a producir envases diferenciados y elevan costos operativos.
“Dicho esquema, complementado por las normas vigentes en materia de protección del consumidor, lealtad comercial y rotulado alimentario, garantiza el acceso del consumidor a información nutricional objetiva, estandarizada, verificable y suficiente para la evaluación y comparación de productos alimenticios”, afirma el proyecto.
Pese a la eliminación de los octógonos negros, el Gobierno asegura que seguirán vigentes las obligaciones de informar composición nutricional, así como las normas de defensa del consumidor y publicidad engañosa.
El debate promete reabrir una de las discusiones más intensas de los últimos años entre el Estado, las organizaciones de salud y la poderosa industria alimenticia.