El Gobierno de Javier Milei reglamentó el miércoles el ingreso, salida y tránsito de residuos no peligrosos previamente valorizados a la Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 393/2025, busca promover la economía circular y agilizar el comercio de materiales reutilizables, «sin dejar de lado los compromisos ambientales internacionales».
La norma -que complementa el Decreto 1/2025- establece que «solo podrán importarse o exportarse residuos no peligrosos» que hayan sido transformados para ser utilizados como insumo productivo o como producto de uso directo. Quedan expresamente excluidos los residuos peligrosos y los destinados a valorización energética.
Las autorizaciones estarán a cargo de la Subsecretaría de Ambiente, de Fernando Brom, y tendrán una validez de hasta 365 días para importaciones y exportaciones, y de 90 días para el tránsito hacia terceros países. Todo el procedimiento deberá realizarse por la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y será validado automáticamente en el Sistema Informático Malvina (SIM) de la Dirección General de Aduanas, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
“La exportación queda libre. La autoridad ambiental tiene 10 días para expedirse; si no lo hace, el trámite avanza”, destacó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al anunciar la norma, que lleva la firma de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.
Más control y sanciones
La normativa también incorpora «controles más estrictos». Si se detectan diferencias entre lo declarado y lo transportado, los residuos deberán ser devueltos al país de origen en un plazo de hasta 30 días, a cargo del importador o transportista. Además, las empresas que incumplan las condiciones quedarán inhabilitadas por 180 días para tramitar nuevas operaciones, y por un año en caso de reincidencia.
Cabe destacar que la Subsecretaría de Ambiente podrá actualizar periódicamente el listado de residuos autorizados, en función de antecedentes técnicos y evidencia científica.
Según precisan, la nueva regulación «apunta a compatibilizar el desarrollo productivo con la normativa ambiental, fomentando la reutilización de materiales dentro de un marco legal más ágil, trazable y transparente». «También busca asegurar el cumplimiento del Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos y su disposición final», apuntan.