Más de una década después de que comenzara una causa por desmontes ilegales en la Finca Cuchuy, en Tartagal, Salta, el daño ambiental todavía está lejos de ser reparado. Más de 11.000 hectáreas fueron desmontadas ilegalmente y, pese a los compromisos asumidos por los propietarios, los incumplimientos y las demoras se extendieron durante años.
Frente a esta situación, el Ministerio Público Fiscal de Salta reforzó su intervención y consiguió que la Justicia aceptara ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados. El monto pasó de $171.413.473 a $21.805.106.128, una cifra récord calculada a partir del costo estimado para restaurar el daño ambiental.
La medida surgió luego de un informe elaborado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Según explicó el Ministerio Público Fiscal, el objetivo es evitar que para los responsables resulte económicamente más conveniente pagar las sanciones que cumplir con las obligaciones de recomposición.
El caso se inició a partir de los desmontes realizados en la finca y derivó también en una causa penal. Si bien el desmonte no está tipificado como delito en Argentina, la Fiscalía Penal de Tartagal inició en abril de 2013 un expediente por desobediencia a la autoridad, debido al incumplimiento reiterado de las órdenes que habían dispuesto la paralización de las tareas.
Como consecuencia de ese proceso, Juan José Karlen fue condenado en octubre de 2015.
Desmontes ilegales en Tartagal y una restauración que puede tardar 30 años
En paralelo a la condena penal, continuó un proceso en el fuero civil. En 2016, la Fiscalía Civil y Comercial de Tartagal había advertido al juzgado sobre el riesgo de incendios que podía aumentar como consecuencia del desmonte y solicitó medidas preventivas a cargo de los propietarios.
Un año después, Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal. Allí se comprometieron a restaurar el daño ambiental provocado en las más de 11.000 hectáreas desmontadas ilegalmente y a incorporar a las comunidades indígenas y familias criollas de distintos parajes de la zona en el proceso de recomposición.
El acuerdo fue homologado judicialmente en diciembre de 2018. Sin embargo, según el Ministerio Público Fiscal, los incumplimientos se mantuvieron de manera recurrente y las maniobras dilatorias de los propietarios continuaron durante los años siguientes.
El seguimiento de la causa involucró a numerosos organismos y especialistas. Participaron profesionales del CIF, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA-CONICET) y expertos internacionales en ecotoxicología forense del Poder Judicial de España.
Los equipos técnicos analizaron las propuestas de restauración, evaluaron su adecuación a los estándares científicos y verificaron el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Justicia.
Además, la Fiscalía realizó un seguimiento mediante imágenes satelitales de los sistemas Sentinel, CBERS-4 y Landsat 8, junto con relevamientos realizados con drones. Los informes incorporados al expediente detectaron actividades agrícolas en sectores alcanzados por restricciones judiciales y también la existencia de rollos de palo santo protegidos dentro de la finca.
El objetivo de la recomposición es recuperar el bosque nativo y los servicios ambientales afectados. Sin embargo, las estimaciones técnicas incorporadas a la causa indican que la recuperación podría requerir entre 20 y 30 años de trabajo sostenido.
Embargo récord por el daño ambiental en Salta
Ante los reiterados incumplimientos, en 2022 el Ministerio Público Fiscal intensificó su intervención. El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, y la fiscal Rosa Vélez Román encabezaron reuniones de trabajo técnico-jurídicas y el procurador comenzó a cofirmar las presentaciones fiscales en respaldo de la investigación.
En 2023 se impusieron sanciones conminatorias, conocidas como astreintes, frente al incumplimiento de las obligaciones judiciales. Posteriormente, durante 2024 y 2025, distintas instancias judiciales dictaron resoluciones favorables para avanzar con la ejecución de esa deuda, que alcanzaba los $67.920.000 a diciembre de 2023.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, si el costo de las sanciones resultaba inferior al de cumplir con la restauración, era necesario contar con una herramienta económica más contundente. Por eso solicitó ampliar el embargo preventivo de los inmuebles involucrados.
La Justicia finalmente aceptó elevarlo a $21.805.106.128, tomando como referencia el costo estimado de restaurar el daño ambiental.
Para la Fiscalía, la magnitud del perjuicio exige herramientas que garanticen que la reparación pueda concretarse. El daño no afecta solamente a quienes participan del proceso judicial, sino también a la sociedad en general y a los recursos naturales de la provincia, con especial impacto sobre sectores vulnerables.
Entre las medidas previstas también se encuentra la posibilidad de que, si los responsables incumplen definitivamente sus obligaciones, el inmueble sea incorporado al sistema provincial de áreas protegidas como Reserva Natural de Uso Múltiple Privada, según lo establecido por la Ley Provincial N.º 7107.
Las medidas fueron apeladas en distintas oportunidades por los Karlen. Los propietarios cuestionaron la ampliación del embargo y también pidieron dejar sin efecto el proceso judicial, argumentando que una nueva legislación provincial les permitiría realizar desmontes.
La última presentación fue calificada por la Justicia provincial como una actitud procesal “temeraria y reticente”. La fiscal Vélez Román respondió la apelación y sostuvo que la obligación de recomponer el daño ambiental continúa vigente, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Ahora, la resolución sobre esta nueva apelación está en manos de la Cámara de Apelaciones de la Provincia.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal ratificó que continuará impulsando la causa y que la recomposición del daño ambiental constituye una obligación que no puede ser dejada de lado. La recuperación del bosque nativo, según las estimaciones técnicas, podría extenderse durante varias décadas y requerirá un proceso sostenido de restauración y control.
La causa, iniciada hace más de diez años, continúa así abierta mientras la Justicia define cómo avanzar con la reparación de uno de los daños ambientales de mayor magnitud registrados en la zona.