Organizaciones de derechos humanos y ambientales presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino por abandonar el plan de saneamiento del Riachuelo.
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD), junto al CELS, FARN, ACDH, la Asociación de Vecinos La Boca y la Fundación T.E.M.A.S., acusan «graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo», luego del cierre de la supervisión judicial de la causa por parte de la Corte Suprema.
Qué pasó con la limpieza del Riachuelo
En octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por concluida la ejecución de la histórica “Causa Mendoza”, iniciada en 2008 para remediar el daño ambiental y sanitario en la cuenca. Según las organizaciones, esta decisión se tomó sin consultar a las partes involucradas y sin que se cumplieran los compromisos asumidos por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense.
“La Corte abandonó su rol de garante de los derechos fundamentales de miles de familias que siguen expuestas a metales pesados, enfermedades prevenibles y condiciones habitacionales inadecuadas”, señalaron los peticionantes en el escrito enviado a la CIDH.
Denuncian graves incumplimientos
A 16 años de la sentencia original, los avances siguen siendo «insuficientes». Según datos de la propia ACUMAR, solo el 42% de las soluciones habitacionales previstas fueron concretadas. Persisten graves falencias en materia de urbanización, saneamiento y acceso a servicios básicos como agua potable y cloacas.
En la Ciudad de Buenos Aires, más de 700 familias en Villa 21-24 y otras 150 en el barrio Lamadrid aún esperan ser relocalizadas. A esto se suman viviendas pendientes en barrios como Magaldi, Luján y El Pueblito. En la provincia de Buenos Aires, la situación no es mejor, con obras estancadas y sin proyectos en curso para urbanizar zonas afectadas.
Solicitan medidas cautelares
En su presentación, las organizaciones reclamaron al sistema interamericano que intervenga para garantizar los derechos a la salud, al ambiente sano, al agua y a una vivienda adecuada. También solicitaron medidas cautelares urgentes para proteger la vida e integridad de quienes viven en la cuenca contaminada.
Además, denunciaron que el reciente cierre de la causa coincide con una etapa de desfinanciamiento de organismos clave como ACUMAR, la Secretaría de Vivienda nacional, el Instituto de la Vivienda porteño y AySA, lo que dificulta aún más la implementación de las políticas necesarias.
“El Estado argentino debe retomar con urgencia el cumplimiento de las medidas ordenadas en 2008 y garantizar condiciones de vida dignas para miles de personas que siguen esperando justicia ambiental y social”, concluyeron.